Vilcatoma demanda al TC declarar inconstitucional ley que garantiza el pago de reparaciones

Fujimorista sostiene que la Ley 30737, que garantiza el pago de reparaciones al Estado en casos de corrupción, es “lesiva” para los intereses nacionales.

La República
23 08 2019 | 14:13h

La congresistas de Fuerza Popular, Yeni Vilcatoma, presentó el pasado 15 de agosto ante el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley 30737, Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, por considerarla “lesiva” para los intereses nacionales.

Según el documento que la legisladora fujimorista, actualmente cuestionada por los contratos que, de manera irregular, suscribió su esposo, Manuel Elera, con instituciones del Estado, pese a estar prohibido por ley, el mecanismo legal que garantiza el cobro de las reparaciones civiles en favor del país “infringe la Constitución Política del Perú, en su artículo 2° inciso 2), y artículo 38”.

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En el marco de las investigaciones por el caso Lava Jato y, sobre todo, por el caso Odebrecht, y a la luz del acuerdo de colaboración eficaz que este empresa brasileña suscribió con el Ministerio Público, para Vilcatoma, la Ley 30737 ha creado un régimen que “resulta lesivo a los intereses nacionales, así como discriminatorio” con algunas “empresas” investigadas.

Vilcatoma señala en su escrito que la Ley 30737 ha generado “un régimen especial presuntamente para segurar el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, así como [para] evitar que se ponga en grave riesgo el desempeño económico del país".

Para este fin, indica la parlamentaria fujimorista en su documento, la Ley 30737 "dispone medidas para incentivar la colaboración eficaz, evitar la paralización de las obras públicas o público privadas, así como evitar la ruptura de la cadena de pagos”.

Sin embargo, Yeni Vilcatoma sostiene que la norma impugnada ha provocado que “mientras a las empresas corruptas y a sus propietarios y directivos se les otorga beneficios excesivos, muchos de ellos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico nacional, a otras empresas y directivos incursos en otros delitos se les trata sin consideraciones mínimas”.

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En consideración de la fujimorista, esto representa una “infracción al Derecho Fundamental de Igualdad ante la Ley” (sic).

Específicamente, la legisladora de Fuerza Popular remarcó que las partes que serían más “lesivas” para el interés nacional son “la Primera Disposición Complementaria Transitoria, Tercera Disposición Complementaria Final, Sexta Disposición Complementaria Final, Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final y otros”.

Al final, la congresista Yeni Vilcatoma hace extensiva su demanda de inconstitucionalidad y solicita, también, que se declare con la misma categoría al reglamento de la Ley 30737.

La Ley 30737, vale precisar, votada y aprobada el 8 de marzo de 2018 en el Pleno del Congreso, con 80 votos a favor, 24 en contra y 7 abstenciones.

De acuerdo al acta de votación, 42 congresistas de Fuerza Popular respaldaron la aprobación de la Ley 30737, que hoy la congresista Vilcatoma intenta que se declare inconstitucional.

La norma, además, fue exonerada de segunda votación en el Pleno con 75 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones.