Diálogo final

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha corregido a medias su anterior declaración agresiva contra el presidente de la República, Martín Vizcarra. En una nueva comparecencia, ha propuesto un diálogo “sin intermediarios” con el Gobierno, asumiendo nuevamente la representación del Parlamento sin un debate previo de sus miembros.

Mientras Olaechea pedía diálogo, la Comisión de Constitución postergaba el debate del adelanto de elecciones para setiembre, en tanto, uno de sus vicepresidentes, Salvador Heresi, acusaba a Vizcarra de doble discurso y de “paporretear”, y atacaba a los miembros de la bancada oficialista con insultos. El mismo Olaechea, de modo infantil, ironizaba en Twitter sobre su anterior declaración violenta.

Si de diálogo se trata, habría que recordar que el último esfuerzo realizado por el premier Salvador del Solar no fue fructífero, principalmente, porque el Apra se negó a sentarse con él en una mesa, y porque la bancada Contigo, aliada de Olaechea, consideró “inoportuno” hablar con el Gobierno. Por su parte, Fuerza Popular, en otra actitud baladí, puso como condición de la cita que se realice en un lugar “neutral”.

La oposición fujimorista no ha señalado qué ha sucedido en pocos días para que ahora sí el diálogo sea necesario. Para el cambio, parece que fueron decisivas las encuestas que revelaron que 3 de cada 4 peruanos están de acuerdo con las elecciones adelantadas, y el fracaso de la iniciativa de vacancia que impulsaban varios legisladores.

El país no rechazaría un diálogo franco entre el Gobierno y el Congreso. Este debe realizarse respetando la condición de Jefe de Estado que ostenta el presidente de la República e incluir a las bancadas parlamentarias. Este diálogo no es un acto cómico, por lo que está de más la sugerencia de Olaechea de encontrarse con Vizcarra a medio camino entre las sedes de ambos poderes. Algún mal asesor sigue engañando a los presidentes del Legislativo, diciéndoles que en el Perú el Congreso es el primer poder del Estado.

Una agenda de diálogo entre los dos poderes debería fijar dos puntos básicos. Debe tener efectos finales, es decir, el propósito de establecer un procedimiento rápido para aprobar la reforma constitucional que permita las elecciones generales el año 2020; e incluir el compromiso del Congreso de agilizar las decisiones para sancionar a los legisladores acusados de corrupción, requeridos por la justicia, y a las altas autoridades, como los fiscales supremos Chávarry y Gálvez, a los que han blindado hasta ahora. El Perú se los agradecería.