Sospechas y preguntas incómodas

El pedido para revocar el arresto domiciliario de PPK.

Augusto Álvarez Rodrich.
22 08 2019 | 01:13h

La solicitud del fiscal Domingo Pérez para revocar el arresto domiciliario a Pedro Pablo Kuczynski es, además de insólita, un pedido que, por la coincidencia con otros hechos políticos, produce sospecha y lleva a la pregunta muy incómoda de si el presidente Martín Vizcarra está detrás de todo esto.

El fiscal Pérez solicitó que se revoque el arresto domiciliario de PPK señalando que se le otorgó por estar mal de salud, pero que eso no sería cierto si puede tener encuentros políticos prohibidos por orden judicial, precisando reuniones con los congresistas Mercedes Aráoz y Carlos Bruce, entre otros.

Varios abogados penalistas han hecho notar lo absurdo de este pedido de la fiscalía lava jato, pero, en adición a esas opiniones legales están las coincidencias políticas que llevan a, al menos, levantar una ceja de sospecha.

El pedido de Pérez se produjo el 20 de agosto, poco después de que Aráoz, Bruce y Ana María Choquehuanca renunciaran a la bancada oficialista PpK, lo cual dejó en mal pie al gobierno en un momento político complejo por la confluencia de varios problemas que jaquean al presidente Vizcarra.

Esto incluye la amenaza de un fujiaprismo recargado en el Congreso y listo para embestir al presidente Vizcarra, incluyendo lo que es cada vez más evidente: que van a archivar el proyecto de adelanto electoral y desatar la guerra final de este período gubernamental.

También están el obvio enfriamiento económico; el aumento de la tensión por conflictos regionales por la propagación del efecto Tía María; la amenaza de Elmer Cáceres de exigir la inmediata anulación de ese proyecto minero; y la pérdida de credibilidad sufrida por Vizcarra por los audios con ese gobernador.

César Nakazaki comentó ayer su sorpresa de que todos los medios ya tuvieran el requerimiento para la audiencia de variación del arresto domiciliario, menos él que es el abogado de PPK.

La pregunta incómoda pero inevitable en este contexto es si no habrá una alianza operativa entre Palacio, la fiscalía lava jato, y un sector de medios, para usar la justicia con fines políticos, algo que ojalá no sea cierto pues tendría consecuencias fatales no solo para la legitimidad del presidente, sino para todo el proceso anticorrupción que es tan importante para todo el país.