Licencia social para matar

¿Quiénes buscan la muerte en los proyectos de inversión?

Augusto Álvarez Rodrich.
17 08 2019 | 01:22h

El concepto de la licencia social para los proyectos de inversión es, sin duda, legítimo, pero, lamentablemente, su uso se ha pervertido al transformarse en instrumento de chantaje por parte de abogados mafiosos y autoridades, contando, penosamente, con el aval, por desidia o complicidad, hasta del propio presidente Martín Vizcarra.

La licencia social tiene distintas interpretaciones, pero apunta a que un proyecto tenga la aceptación –no unánime, por cierto– de la comunidad, ya sea un pueblo andino pobre, un poblado atrasado de la selva, una playa como Paracas o Ancón, o un barrio urbano.

Eso requiere un esfuerzo de los responsables de diseñar el proyecto para que proteja el ambiente y sea armonioso y beneficioso para la población vecina, y, también, de socializarlo con una efectiva estrategia de comunicación.

La comunidad, por su parte, debe respetar la ley. Por ejemplo, a pocos debe gustarle vivir junto a una estación de gasolina, pero si estas necesitaran el visto bueno de la comunidad para establecerlo, quizá no habría grifos en Lima. Lo mismo ocurriría con la minería, que no podría ser desarrollada.

Pero la necesaria licencia social es imposible de lograr si aparecen chantajistas que se dedican a movilizar a la población para impedirla por una apuesta exclusiva por su interés particular, ya sea para su bolsillo como con los abogados Chávez Sotelo en Las Bambas; o el gobernador Elmer Cáceres en Arequipa que usa Tía María como plataforma para construir su futuro político.

En ambos casos, concurre la complicidad del gobierno, ya sea como indolencia en Las Bambas al no realizar ninguna intervención en más de 60 días de bloqueo y decir –como dijo el premier– que era un lío entre privados–; o, en Tía María, donde Vizcarra tuvo un penoso comportamiento solapado a favor del gobernador revoltoso.

En ambos casos, el biombo para el chantaje es la licencia social y evitar muertes, como señaló Vizcarra al decir que “no se puede sacar un proyecto a sangre y fuego”. Pero es absurdo pensar que las empresas quieren muertos, cuando es obvio, por lo visto en estos meses, que quienes quieren muertos para su objetivo son abogados mafiosos o el antidemocrático gobernador avalado por el presidente de la república.