Sin muertos

Una estación en el largo conflicto de Tía María.

Editorial Editorial
16 Ago 2019 | 2:05 h

La decisión del Consejo de Minería de suspender la licencia de construcción otorgada a la Southern Perú para ejecutar el proyecto minero Tía María ha sido vista como una traición del Gobierno. Como consecuencia de ello, y de los audios divulgados de la reunión del presidente Martín Vizcarra con las autoridades de Arequipa, el Congreso ha llamado a dos ministros de Estado con la posibilidad de la interpelación y censura de uno de ellos.

La mayoría fujiaprista comulga con la opinión de que la paralización en Arequipa contra dicho proyecto minero debió resolverse con medidas extremas, asumiendo íntegramente el discurso de la cúpula empresarial peruana que hace cuestión de Estado de este caso, agregando una razón más al encono contra el Gobierno, sin dejar pasar la oportunidad para desviar la atención del adelanto de las elecciones.

El conflicto hasta ahora ha tenido tres etapas. En la primera, la concesión de la licencia de construcción, una decisión ahora criticada, era en realidad una oportunidad para iniciar un diálogo franco entre las partes del conflicto, y a eso se debió la precisión del Gobierno sobre el carácter simbólico de esta licencia, con el añadido propósito de evitar que caduque el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

En la segunda etapa, de la convocatoria y acciones de protesta, el caso fue mal gestionado por todas las partes, especialmente el Gobierno, que dejó de tener un desempeño activo y en favor del diálogo, para pasar a una actitud de virtual observación. Pero también cuentan los intereses populistas y radicales de la dirigencia de las comunidades que se encontraron tanto con el afán de sobrevivencia de un gobernador cuestionado, y las prácticas clientelistas de una empresa que creyó que era una estrategia correcta dividir a la población para aislar a los radicales, cuando los aislados fueros ellos.

En la tercera etapa, la suspensión de la licencia y el inicio de un proceso administrativo de reclamos y apelaciones, fue correcta, en la medida que evitó el desborde de la violencia y la muerte de personas, es decir, evitó el cuadro de otros conflictos donde se pretendió imponer un proyecto a sangre y fuego, con el costo de una doble pérdida final, es decir, la pérdida del proyecto y de vidas.

No es extraño que quienes se declaran provida desarrollen al mismo tiempo un discurso extremista que subestima los reclamos de la sociedad en favor de una supuesta valentía. Es probable que si este conflicto se hubiese saldado con muertos, estarían en la primera fila de los cuestionamientos.