Fiscalía solicitó archivar casos para 11 personas en proceso contra Rodolfo Orellana y otros

Red criminal de Rodolfo Orellana operó entre los años 2002 y 2014, según la tesis del Ministerio Público. Foto: La República.

La República
14 M08 2019 | 16:47h

Por: Alonso Collantes

El caso de organización criminal más extenso en el país está en etapa de control de acusación. Este miércoles, el juez Víctor Zúñiga evaluó el pedido de sobreseimiento (archivo) para 11 personas involucradas en las actividades ilícitas del clan de Rodolfo Orellana.

La fiscal de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto, sustentó que no existían suficientes elementos de convicción o sospechas reveladoras para iniciar un juicio contra algunos de los investigados.

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La solicitud de archivo se dividió en tres casos de apropiación de terrenos. Para el predio llamado El Refugio, que pertenece al Ministerio de Educación, se pidió que se libre del proceso penal a Lumber Núñez Cóndor y Lúmber Núñez Salazar, padre e hijo respectivamente.

En el caso del primero se pide que no sea incluido al juicio por lavado de activos; en cambio, sí por asociación ilícita. Para su hijo, Núñez Salazar, la Fiscalía sí solicitó que se le libre de ambos delitos. El inmueble fue apropiado por la red de Rodolfo y su hermana Ludith Orellana el 28 de octubre del 2005.

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Con relación al caso Las Camelias, inmueble ubicado en La Molina, la fiscal Barreto pidió que se exonere del proceso penal a los esposos Pilar Barrientos Aparicio y Gilmar Nieto Huamaní; Juan del Águila Ríos, Wilber Rodas Ríos y Clara Gil Castro. Todos por ambos delitos.

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Sin embargo, para Alberto Anahuari Manihuari, únicamente se pidió el archivo en cuanto al delito de asociación ilícita, pero no en el extremo de lavado de activos ya que “actuó en calidad de testaferro de la red”, según acotó la fiscal Marita Barreto en audiencia.

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Por el caso Plaza Arenas, ubicado en La Victoria, el Ministerio Público pidió archivar la acusación por lavado de activos en organización criminal contra Patricia Rojas Rocha. Esta última se encuentra en juicio por haber integrado otra red delictiva encabezada por Ludith Orellana, que captó a la Sunarp entre 2009 y 2013.

Para Julio Azpilicueta, el pedido fue similar para los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, pues “no se registraron entregas de dinero” a su nombre. En el caso Guardia Civil, también se pidió el archivo para el imputado Walter Saavedra.

Acusación fiscal y caso paralelo

El pasado 5 de marzo, tras cuatro años de investigación, Marita Barreto presentó la acusación en el cual se solicitaba 35 años de prisión contra Rodolfo Orellana y su hermana Ludith. Asimismo, se señaló que la organización criminal habría operado entre 2002 y 2014.

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Entre sus principales acusados figuraban el pastor evangélico Vicente Díaz Arce, su esposa Elizabeth Palomino Córdova, Blanca Paredes, Benedicto Jiménez Baca, el exjuez supremo Robinson Gonzáles Campos, entre otros.

A la par del caso matriz, los fiscales anticorrupción Elvis Suárez y Eiser Jiménez llevaron a juicio el caso contra Ludith Orellana y otras 19 personas, incluyendo al exjefe de Sunarp Álvaro Delgado Scheelje. El martes último sustentaron 16 de 89 pruebas documentales que tiene el Ministerio Público para lograr una acusación.

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Hasta la fecha, Rodolfo Orellana está recluido en el penal de Challapalca; mientras que su hermana Ludith Orellana cumple 12 meses de prisión preventiva, al igual que Delgado Scheelje.

Por otra parte, el próximo martes 22 de agosto se conocerá la decisión del magistrado Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, acerca de los pedidos de archivo de la fiscal Barreto.