Sigue intimidación judicial a periodistas
Audiencia. Edmundo Cruz y Óscar Castilla señalan que querella por difamación y US$ 100 millones de reparación lo confirman.
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Por: Elizabeth Prado
En la audiencia de presentación de alegatos sobre la denuncia por difamación planteada por el empresario Miguel Arévalo Ramírez, el periodista Edmundo Cruz Vílchez (de La República) manifestó ante la jueza Celia San Martín que en esta querella hay una intención de amedrentamiento que se manifiesta con el pedido de 100 millones de dólares de reparación civil por parte del demandante.
Cruz Vílchez indicó que lo único que hicieron junto a Óscar Castilla Contreras (de Ojo Público) fue informar un hecho de gran importancia periodística y social, contratadas con Drug Enforcement Administration (DEA) y la Dirección Antidrogas (Dirandro), en el momento oportuno, porque ese es el papel del periodista.
“Esta información versa sobre investigaciones publicadas en un contexto electoral. El periodismo tiene como función proporcionar a la sociedad la información noble y útil de interés social. Noble porque la información esta verificada y sustentada en información oficial, y útil porque era una situación muy especial que hasta hoy la seguimos viviendo relacionada con el derecho a elegir a nuestras autoridades. Nosotros no somos jueces ni fiscales ni policías, somos los intermediarios entre los hechos y la sociedad”, precisó el reportero.
En tanto, Óscar Castilla dijo que sus notas periodísticas se basaron en información proporcionada por DEA y Dirandro, por lo que si Arévalo lo consideraba una difamación debió denunciar a esas dos entidades.
A su turno, Arévalo rechazó ser narcotraficante y afirmó que la información publicada afecta su reputación. Aseguró que es un empresario que vive en Estados Unidos con su esposa e hijos. Presentó como documento su pasaporte azul estadounidense.
Cuando la jueza le preguntó si fue investigado por algún delito, lo negó. Sin embargo, ante la repregunta de la magistrada respondió que en el año 2006 lo investigaron por lavado de activos y narcotráfico. Hecho que se repitió en el 2015. Refirió que la pesquisa fue archivada por el fiscal Jorge Chávez Cotrina.
“Subjetivo y represivo”
El abogado de los periodistas, Carlos Rivera, indicó que lo que se vio en la audiencia por parte de los demandantes fue un ánimo estrictamente subjetivo y de represión a la labor de los periodistas. “Lo que sigue es el pronunciamiento de la jueza. Notificarnos la sentencia significaría que es absolutoria”, dijo.
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