Audiencia. La sesión de control de acusación de la semana pasada, que prosigue hoy. Al centro, el juez Manuel Chuyo, quien decidirá si hay juicio oral.
Audiencia. La sesión de control de acusación de la semana pasada, que prosigue hoy. Al centro, el juez Manuel Chuyo, quien decidirá si hay juicio oral.

El Informante: El casoducto en debate, por Ricardo Uceda

La sentencia sobre la licitación del Gasoducto del Sur es impugnada ante el TC. Un juez decide si habrá juicio oral. Barata no delató a ningún funcionario público. Tres ángulos de un caso en construcción.

La República
13 Ago 2019 | 5:51 h

Por: Ricardo Uceda

En julio pasado la sentencia de una sala civil desechó objeciones al concurso de ProInversión que entregó a Odebrecht la construcción del Gasoducto del Sur en 2014. Lo impugnaron tres compañías cuyo consorcio fue descalificado. El veredicto podría mitigar la discusión actual, pues, si el proceso fue idóneo, ¿qué sentido tendría hablar de pagos ilícitos? Ollanta Humala, quien era presidente durante la licitación, destacó la decisión judicial en un mensaje de Twitter.

Sin embargo, aún falta lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ante el que han recurrido los perdedores: Tepecsa, Gasoducto del Sur S.A. y TGI. En cuanto al pago de sobornos, el ejemplo de Alejandro Toledo demostró que pueden recibirlos personajes que no manejaron directamente un proceso concursal.

Dos dictámenes

El consorcio descalificado había modificado el porcentaje de participación de sus cuatro integrantes durante el desarrollo del concurso. Según ProInversión, no lo comunicó a tiempo, incurriendo en falta de veracidad, una causal de eliminación. Los descalificados arguyeron, en un recurso de amparo, que los cambios no alteraban sus responsabilidades ante el Estado ni violaban las bases. Por otra parte, adujeron que ProInversión les dio un plazo para subsanar información que después incumplió, viciando el proceso. En términos generales esto fue ratificado por una primera sentencia judicial que anuló la descalificación, aunque los daños eran ya irreparables.

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En la sentencia del 2019, las juezas Carmen Martínez, Rosa María Donato y Eddy Vidal consideraron justificadas las razones de ProInversión para sacar del camino al competidor de Odebrecht, que había hecho una oferta económica menor en US$ 136 millones.

Hubo un dictamen en minoría. Los jueces Jesús Soller y Germán Aguirre opinaron que los postores no estaban obligados a reportar cambios del porcentaje de sus participaciones sino de la composición del consorcio, que nunca fue alterada. En esa medida, dijeron, los sancionados no incurrieron en causal de descalificación. Y más bien fue ProInversión la que cometió ilicitud al haberles impedido subsanar información en un plazo razonable.

Lo de ProInversión

En 2015, la Contraloría produjo un informe que también objetó la descalificación del postor. La transgresión atribuida, dijo, no era insubsanable. El sistema de evaluación tampoco servía para elegir la propuesta técnica más conveniente, impidiendo tener certeza de cuál era la mejor.

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La auditoría sugirió que las cosas estaban dirigidas para que ganara el único postor. Luego de la buena pro, añade, se modificaron las cláusulas del contrato para permitir un cambio de operador calificado, eliminando requisitos previos del concurso.

Mientras el expediente sobre la licitación llega al TC, siguen su curso otras dos actividades de la justicia relacionadas con el Gasoducto del Sur. Hoy martes prosigue una audiencia de control de acusación contra María Hokama, ex abogada del consorcio liderado por Odebrecht, y Edgar Ramírez, quien presidiera el comité de ProInversión que llevó a cabo el concurso. Según el fiscal Reynaldo Abia, ambos concertaron para que Odebrecht ganara en el proceso previa descalificación del consorcio competidor. La acusación desarrolla el argumento de que ambos pertenecían al mismo equipo vencedor.

Las acusaciones

Así, Ramírez, un especialista en proyectos energéticos, era un habitual consultor de Kuntur, la empresa que, estando vinculada a Odebrecht desde su fundación, en 2007, obtuvo la licencia para construir el gasoducto. Fue también consultor de Odebrecht desde antes que esta se hiciera de Kuntur, en 2012. Era asimismo consultor de OSINERGMIN y de la propia ProInversión.

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Mostrando un cuadro de numerosos encargos y pagos, el fiscal demostró que el hombre que presidió el comité de la licitación en buena medida había vivido de la empresa ganadora. Además, los trabajos que le pidieron estaban precisamente relacionados con el Gasoducto del Sur. Abia documentó servicios de Ramírez a Kuntur y Odebrecht desde 2008 a agosto del 2013. En mayo del año siguiente fue nombrado presidente del comité que llevaría la licitación.

En cuanto a Hokama, trabajó para Kuntur y Odebrecht desde el 2011 ejerciendo representación legal. Según el fiscal ella conocía bien a Ramírez. Al desarrollar la teoría de que ambos se concertaron para sacar de carrera a los competidores de la empresa brasileña, la acusación no aduce pagos ilícitos. Las manifestaciones de Ramírez y Hokama incidieron en que su actuación profesional estuvo dentro de la ley.

Algo excepcional

Al final de las audiencias de control, el juez Manuel Chuyo deberá decidir si el caso va a juicio oral. Este proceso se desarrolla mientras el Equipo Especial de Lava Jato investiga, desde otras fuentes, supuestos pagos ilícitos para la misma obra. Hubo un nuevo despertar. El Gasoducto del Sur recién formó parte del acuerdo entre el Ministerio Público y Odebrecht cuando aparecieron informaciones sobre apelativos de supuestos beneficiarios de la caja de sobornos de la empresa que antes no se habían conocido.

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El añadido en realidad ocurrió un día antes de la aparición de las noticias, posiblemente tras el conocimiento de que surgirían. Están bajo investigación dos estudios de abogados –Echecopar y Delmar– que produjeron acuerdos favorables a la eliminación del consorcio perdedor. Pero Jorge Barata, en Brasil, no ha delatado a ningún funcionario público.

Tenemos así que es posible que en uno de los proyectos más grandes, que implicaba una inversión mayor a siete mil millones de dólares, pudiera ser que la fiscalía no logre acusar a ningún representante del Estado. Porque resultaría que, como algo excepcional, en el Gasoducto del Sur no hubo sobornos.