Fiscal Reynaldo Abia sustentó el control de acusación del caso Gasoducto Sur. Foto: John Reyes / La República.

Odebrecht: Fiscalía pide 7 y 6 años de prisión para acusados por caso Gasoducto Sur

Fiscal Reynaldo Abia solicitó, durante audiencia de control de acusación, las penas para el exfuncionario de Proinversión, Edgar Ramírez y Claudia Hokama, exapoderada de Odebrecht.

La República
07 Ago 2019 | 17:41 h

Por: Alonso Collantes

El control de la acusación que presentó en agosto del 2017 el fiscal Reynaldo Abia sobre el Gasoducto Sur, inició esta mañana. Durante la sesión, el juez Manuel Chuyo Zavaleta analizó las solicitudes contra dos investigados vinculados a Odebrecht.

Para el expresidente del Comité Pro Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez, se pidieron 7 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos; en cambio, para Claudia Hokama, exapoderada de Odebrecht, 6 años y medio de pena privativa de la libertad y con el mismo periodo de impedimento para obtener un puesto estatal. Ambas medidas corresponden al delito de colusión agravada.

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Según las investigaciones, Ramírez realizó diversas asesorías a la compañía brasileña mediante su empresa Latin Energy Global Service SAC, entre 2008 y 2013, previa y posteriormente a la obtención de su cargo en Proinversión. “Estuvo vinculado profesional, económica y comercialmente a Kuntur Transportadora de Gas y Odebrecht”, señaló el fiscal Abia,

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De manera alternativa, además, el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Anticorrupción de Lima formuló una posible pena de 4 años y cuatro meses de prisión contra Ramírez por el presunto delito de negociación incompatible.

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De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, hubo también falta de neutralidad en el proceder de Ramírez, pues habría concertado con Claudia Hokama el resultado de la buena pro al consorcio del Gasoducto Sur, durante el gobierno de Ollanta Humala.

No obstante, Abia aclaró que los intereses de llevar a buen puerto el proyecto provenían de los años previos, en la administración de Alan García. En suma, resaltó el fiscal, la obra inconclusa dejó un perjuicio de US$136 millones al Estado.

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Por su parte, Hokama Kuwae fue nombrada apoderada con “facultades especiales” de Odebrecht en 2011, poco después de que la empresa brasileña adquiere alrededor del 51% de las acciones de Kuntur. En junio de 2012, además, asume la gerencia legal del consorcio, alineándose temporalmente con las imputaciones y tratos con Edgar Ramírez.

Cabe precisar que la Fiscalía presentará, el próximo martes 13 de agosto a las 9 a.m., 264 medios de prueba para el caso del Gasoducto Sur. Al término de este día, había culminado también el control formal de la acusación.

Procuraduría ad hoc y reparación civil

Previo a la instalación formal de la etapa intermedia del proceso contra los dos acusados, la defensa legal de Hokama pidió que se anule la participación de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato en el caso.

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No obstante, el magistrado Chuyo rechazó su pedido y continuó con la sesión. Fue la procuradora adjunta Silvana Carrión quien, de este manera, anunció que se requiere un pago de reparación civil de S/1476 millones a favor del Estado. El monto incluye los daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

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A la salida de la audiencia, la procuradora prefirió no declarar acerca de la denuncia penal que interpuso Amado Enco contra el procurador ad hoc Jorge Ramírez, puesto que recién tomaba conocimiento del tema.

La acusación se realiza en el marco de la polémica abierta en torno a la posible devolución de S/524 millones a Odebrecht por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. La sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración estipula que, de no hallarse procesos pendientes contra la empresa brasileña, no se le podría aplicar la Ley 30737, que retiene precisamente el monto como fideicomiso.