Adelanto de elecciones: Acción Popular plantea mesa de diálogo dirigida por la OEA

La República

El comité político de Acción Popular compartió el pronunciamiento. Foto: La República.
El comité político de Acción Popular compartió el pronunciamiento. Foto: La República.

Luego de la reunión con el primer ministro Salvador del Solar, el comité político compartió su propuesta que involucra también a la sociedad civil para debatir el adelanto de elecciones al 2020.

El comité político de Acción Popular propone una mesa de diálogo con participación del Poder Ejecutivo, del Congreso y de la sociedad civil para que se debata en conjunto la propuesta legal del adelanto de elecciones al 2020, anunciada por el presidente Martín Vizcarra.

Esta iniciativa la anuncia la agrupación luego que se reuniera el último viernes con el primer ministro Salvador del Solar para tocar el tema de la reforma constitucional que pretender tener nuevas autoridades presidenciales y congresales el 28 de julio del 2020.

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El jefe de Estado anunció durante su mensaje a la nación del 28 de julio su proyecto de ley, el que deberá ser ratificada vía referéndum. El 31 de Julio el Poder Ejecutivo entregó la propuesta legal en la que añadieron que el mandatario no podrá ser elegido.

Mesa de diálogo con la OEA

Acción Popular propone que se establezca una “Mesa de diálogo por la continuidad de la gobernabilidad en democracia”, la que deberá ser presidida por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Según el artículo 2 del capítulo 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la OEA tiene el propósito esencial de “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”.

Fuerza Popular y su “blindaje extremo”

En el documento, el partido político sostuvo que existe la crisis nacional debido al “inutil” enfrentamiento la bancada Fuerza Popular, la mayoritaria, junto a sus “aliados” en el Congreso con el Poder Ejecutivo.

Enfatizaron que la agrupación fujimorista ha abusado de su mayoría para “blindar al extremo” a altos funcionarios del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación y del propio Parlamento, todos vinculados a presuntos actos de corrupción.

A esto también se suma el tema de inmunidad parlamentaria, facultad que el fujimorismo impidió sea retirado de la potestad del Legislativo.


Propuesta Acción Popular.