Línea Amarilla: suspenden juicio por reparación civil hasta aclarar situación de LAMSAC
PJ evaluará el 21 de agosto el pedido de la Procuradoría ad hoc para que LAMSAC también pague una reparación civil por el alza de los peajes entre 2013 y 2015.
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Por: Alonso Collantes
El consorcio Línea Amarilla SAC (LAMSAC) podría estar incluida como tercera civilmente responsable en el caso de alza en el cobro de peajes en Lima y, de este modo, pagar una reparación civil junto a otro exfuncionario de Susana Villarán, Domingo Arzubialde.
En virtud a esta posibilidad, el magistrado Raúl Caballero Laura, del Segundo Juzgado Unipersonal, suspendió este martes el juicio que determinaría el monto de reparación civil a pagar por Arzubialde, exgerente de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.
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El pedido para que se suspenda la sesión fue realizado por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato y fue respaldado por la fiscal Norah Córdova y el abogado de Arzubialde, Carlos Bernal.
Como indicó La República previamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia evaluará el próximo 21 de agosto desde las 8:30 a.m. el pedido del procurador Jorge Ramírez para que la reparación civil a fijar, sea compartida entre Domingo Arzubialde y el consorcio LAMSAC.
Una vez conocida la decisión, se notificará al Juzgado de Raúl Caballero para que se convoque una nueva fecha e iniciar el proceso.
Peajes y condena
El 29 de mayo pasado, Domingo Arzubialde fue sentenciado en segunda instancia a 4 años y 4 meses de prisión por el delito de negociación incompatible. Su participación en la alcaldía de Lima fue crucial para que los peajes aumenten entre el 2013 y 2015, mediante la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Además, según el requerimiento de prisión preventiva contra Susana Villarán por los casos Odebrecht y OAS, Arzubialde forma parte de la presunta organización criminal que dirigió la exalcaldesa durante su gestión edil en Lima.
El exfuncionario llegó poco después de que José Miguel Castro, exgerente general en la gestión de la exalcaldesa, solicitara a Odebrecht alrededor de US$3 millones para la campaña contra la revocatoria del 2013.
La pretensión inicial de la Procuraduría ad hoc es de que tanto Arzubialde como LAMSAC paguen al Estado alrededor de S/17 millones por los perjuicios ocasionados a la ciudadanía. No obstante, el monto puede incrementarse, pues aún falta recibir información de la Municipalidad Metropolitana de Lima sobre el caso.
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