Raúl Molina: “No logramos adelantarnos a las expectativas de la gente. Tenemos muchas demandas”
“Queremos cerrar las brechas en servicios básicos en un plazo de 6 a 8 años, pero vamos a hacer un plan orientado a resultados con recursos previstos para todos los sectores y gobiernos involucrados”.
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Por: Pamela Palacios
El viceministro de Gobernanza, Raúl Molina, afirma que existen 30 conflictos activos, al momento. Reconoce que se tiene que fortalecer el sistema de prevención. Sobre Tía María, espera tener la próxima semana un interlocutor para iniciar el diálogo. Niega que hayan priorizado a la empresa Southern, al darle la licencia de construcción.
La Defensoría del Pueblo ha registrado, en su reporte de junio, 178 conflictos sociales, de los cuales 130 están activos.
Hay muchos espacios del Perú que han tenido situaciones de conflictividad, en algún momento, y la Defensoría lo puede considerar como un conflicto vigente porque estamos en un proceso de seguimiento; y no es así. Hay muchas controversias chicas en algunos lugares del Perú y hay las grandes. Desde que asumí mi cargo, hace 15 meses, he estado involucrado en unos 30 o 35 conflictos.
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La Defensoría acompaña muchos conflictos sociales. ¿Este número no es real?
No digo que no son reales, sino depende de lo que interpretamos por conflictos activos. No tenemos 180 conflictos desatados, no me bastaría mi gente. Puede que haya 20 o 25 funcionando y si sumas todo lo que registras en un año de repente te da 180. No cuestiono los números de la Defensoría, pero mi experiencia es que no tenemos 140 conflictos operando.
En todo caso, ¿qué ha pasado con su sistema de prevención y resolución de conflictos sociales?
No logramos adelantarnos a las expectativas de la gente. Tenemos muchas demandas en muchas poblaciones del país, estamos corriendo detrás de las expectativas y muchos conflictos estallan antes de que el Estado pueda reaccionar. Estamos trabajando para construir un sistema de prevención. No es tan fácil porque tenemos que recomponer nuestras capacidades institucionales en provincias. Tenemos un desafío de fortalecer nuestras capacidades de prevención
¿Con cuántas personas trabaja?
La Secretaría de Diálogo y Gestión Social de la PCM tiene 45 personas, de las cuales 14 están en provincia y la diferencia está en Lima. Este equipo se ocupa del monitoreo y la coordinación con los sectores y vive viajando. Mi apuesta es reforzar el personal de provincia. Es uno de los mandatos que tiene el premier.
¿Con cuántas personas más contaría?
Mi meta es completar un equipo de 25 personas en provincias, como primera etapa, en el país, con prioridad en zonas más conflictivas.
Tía María está empeorando. Hay bloqueos de acceso a Camaná, Matarani, Mollendo y los protestantes amenazan con dejar sin combustible a Arequipa. ¿Van a esperar que el gobernador Cáceres los invite a dialogar, como dice el presidente?
El presidente está invitando a las autoridades a que acepten el inicio del diálogo porque no sacrifica ninguna postura. Nosotros no vamos a esperar eso. Estamos tratando de tomar contacto con ellos, con actores de la sociedad para ver si se abre un espacio de diálogo. Se ha conversado con las gente de las universidades, estoy en contacto con actores locales de distintas instituciones. Estamos conversando con los alcaldes, eso no significa que estén entrando al diálogo. Espero que en el transcurso de la próxima semana podamos tener un interlocutor.
El lunes, el gobernador Elmer Cáceres presentará un recurso de revisión de la licencia ante el Ministerio de Energía y Minas, y si es rechazado presentará una acción de amparo. ¿Qué opina?
El gobernador puede presentar el recurso de revisión, pero allí la norma, lo que permite, en caso de resoluciones administrativas, es que el que recibió la licencia tiene la posibilidad de apelar, en este caso sería la propia empresa. El Ministerio de Energía y Minas analizará si corresponde que el gobierno regional lo pueda presentar. Sobre el recurso judicial, el gobernador está totalmente habilitado para iniciar una demanda judicial. Nosotros no tenemos que decir nada al respecto.
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¿Por qué escucharon primero a la empresa y no priorizaron el diálogo con la población al otorgarle la licencia?
¿Como?... No hemos escuchado primero a la empresa. Porque el trámite administrativo tiene plazos. Desde antes que se venciera ese plazo hasta que asumieron las nuevas autoridades, nos hemos reunidos varias veces. Así como nos hemos reunido antes de la licencia estamos dispuestos a reunirnos con la población. La licencia es un hito en el camino que no produce ningún efecto porque hemos hecho un trato con la empresa para que no se haga ninguna implementación. Más bien esperamos que los dirigentes y autoridades regionales estén dispuestos a conversar.
Bueno, parece que la confianza en Southern no existe, en el caso de Candarave también están pidiendo anular la licencia del uso del agua para sus proyectos.
No mezclemos los conflictos. El de Candarave es un conflicto que es muy antiguo.
El de Tía María también...
Vamos a abordar el conflicto de Candarave desde los recursos hídricos en las zonas altas de Tacna. Sobre la disconformidad respecto a la mesa vinculada a Quellaveco, en Moquegua, también la abordaremos. Todos los espacios donde los ciudadanos peruanos se sientan afectados por algunas actividades económicas o decisiones del Estado estaremos siempre dispuestos al diálogo.
En el caso de la Estación 5, ¿a qué acuerdos han arribado?
Proponen un plan postpetróleo para mejorar la calidad de vida de las comunidades a lo largo de las cuencas petroleras. Queremos cerrar las brechas en servicios básicos en un plazo de 6 a 8 años, pero vamos a hacer un plan orientado a resultados con recursos previstos para todos los sectores y gobiernos involucrados.
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