Meritocracia con trampa

Claudia Cisneros
21 Jul. 2019 | 05:11h

La libertad y la meritocracia que defienden quienes –con buenas intenciones– apuestan porque las personas seamos lo más libres posible para elegir con la menor cantidad de cortapisas impuestas por leyes, es en realidad una libertad limitada y una meritocracia con trampa.

Libertad limitada porque las estructuras sociales se han tergiversado durante décadas a favor de hombres por sobre mujeres; y esas estructuras vienen influenciando la psiquis de los electores de manera que su elección está limitada por esa distorsión. Una distorsión silenciosa que se ha sedimentado hasta ser percibida como referente de lo normal, invisibilizando la desventaja para las mujeres y atribuyéndola a una falta de mérito de ellas.

Meritocracia con trampa porque hay un estadio o paso previo al mérito que es, precisamente, esa ventaja psicosocial de lo masculino sobre lo femenino y que durante años le ha dado ventaja al hombre de ser ocupante privilegiado de esos espacios; los hombres con o sin mérito tienen más posibilidad de acceder a esos espacios que las mujeres con igual o mayor mérito (hay data abundante sobre ello).

El punto de partida para acceder a esos espacios para las mujeres ha sido siempre de una desventaja que el hombre no experimenta, y las cuotas o acciones de discriminación afirmativa son una forma de compensar esa distorsión y establecer equilibrio. Por eso son ajustes que se plantean como temporales, mientras y hasta que las sociedades se adecuen a la equidad social y cultural al menos en términos de género binario porque ciertamente se viene la exigencia de otros grupos diferenciados.

Cuando Salazar dice que es ingenuo y hasta peligroso que el Ejecutivo pretenda cambiar las cosas a través de una “ley conminatoria”, elige ignorar por completo el poder blando –adicional al coercitivo– que tiene una ley como moldeadora de un mensaje social, que incide eventualmente en las preferencias y psicología de esa sociedad; por supuesto que tienen que ser leyes articuladas en políticas públicas que despliegan el poder de asentar una idea, la inclinación por un ethos. La ley es una forma potente de socializar esa idea, en este caso, la idea de que las mujeres –u otros grupos– deben tener el mismo tipo de acceso a las esferas de poder público y de gobernanza que los hombres.

Cuando Salazar señala que una ley sobre paridad abriría la puerta a otros grupos, tiene razón, y será lo justo; la libertad no debe excluir a grupos diferenciados con necesidades diferenciadas y específicas, que no se sienten políticamente representados, como los pueblos indígenas o la comunidad afroperuana, u otros géneros no binarios que reclamen justamente una representatividad. Insistir en que no hay diferenciación y necesidades no comunes (además de las comunes), es insistir en discriminarlos asumiendo, sin su concurso, que el término ‘persona’ encarnado en el hombre es suficiente representación. Sin representación política –y el poder que se deriva– esos grupos están en desventaja para la atención de sus derechos y necesidades específicas.