Total correspondencia

La sentencia que oficializa e incorpora al proceso judicial el acuerdo arribado entre la empresa Odebrecht y el Estado peruano, difundido en las últimas horas, es la evidencia procesal con contenido probatorio de los indiscutibles avances del Equipo Especial del caso Lava Jato y de la Procuraduría, en lo que corresponde, para impulsar una investigación cuesta arriba.

Es necesario señalarlo cuando se advierte el inicio de una nueva campaña, acaso la más agresiva, contra sus integrantes, principalmente de parte de quienes –bancadas parlamentarias, abogados de investigados, lobistas y medios– se ubicaron desde el inicio en contra de la posibilidad de un acuerdo, criticaron el uso de la colaboración eficaz como instrumento para dilucidar los hechos y pusieron como único objetivo el pago de la reparación civil. Y es por supuesto significativo que esas mismas voces son las que defienden al fiscal Pedro Chávarry, alegan excesos en la prisión preventiva o guardan silencio ante los avances de los procesos de extradición.

Coincidentemente, la mencionada sentencia certifica la idoneidad de las tres acciones emprendidas por la fiscalía y cuestionadas por sus críticos, es decir, el acuerdo, la colaboración eficaz y la reparación. Señala que las confesiones o delaciones de los colaboradores eficaces han sido “suficientemente” corroboradas a través de los documentos e informes que los acompañan, reivindicando su utilidad procesal, agregando que “sin la información obtenida” no se hubiera podido conocer los datos relacionados con el acuerdo colusorio de los proyectos objeto de investigación.

El camino es largo y el proceso se encuentra en sus inicios, habida cuenta de los largos plazos de investigación, y sometido a permanentes presiones dentro y fuera del sistema de justicia. Nuevos y desafiantes elementos aparecen como el reconocimiento de Odebrecht de la realización de pagos ilícitos para obtener la licitación del gasoducto del sur, documentada en un acta en poder de la fiscalía, que posiblemente conduzca a un nuevo acuerdo de colaboración, añadido al que acaba de sentenciarse.

Como en todo proceso, y más aún en este de una gigantesca amplitud y profundidad, se han cometido errores y excesos. Ellos no son, ni de lejos, el aspecto predominante de la actividad de la fiscalía como anotan los objetores del caso Lava Jato. Existen actitudes y elementos del proceso que deben ser mejorados, pero en un balance objetivo de lo actuado hasta aquí, los logros son infinitamente superiores y positivos.