No habido. Se busca evitar casos como el de Edwin Donayre. Foto: Jorge Cerdan.

Gobierno: No se busca eliminar la inmunidad

Reforma. El ministro Vicente Zeballos expuso los alcances del proyecto que regula esta prerrogativa parlamentaria para que sea competencia de la Corte Suprema.

La República
17 Jul 2019 | 4:13 h

Por: Enrique Patriau

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, se presentó ayer en la Comisión de Constitución para exponer la propuesta del Ejecutivo para regular la inmunidad parlamentaria, en el marco de la reforma política.

Este proyecto tuvo que ser presentado de nuevo por el gobierno porque había sido archivado. Fue parte del paquete que el premier, Salvador del Solar, presentó como parte de la cuestión de confianza.

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Zeballos fue claro: lo que se pretende no es eliminar la inmunidad de los congresistas, sino, en cambio, plantear modificaciones que ayuden a superar la sensación entre la población de que es una prerrogativa destinada a garantizar la impunidad frente a investigaciones.

El principal cambio que sugiere Palacio –de la mano de lo que planteó al inicio la comisión de reforma que lideró el politólogo Fernando Tuesta– es que el organismo competente para decidir si la inmunidad se levanta o no sea la Corte Suprema. Actualmente, el proceso está en manos del propio Congreso.

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Plazo improrrogable

Que la Corte Suprema decida si el levantamiento de la inmunidad procede no es la única modificación que incluye el proyecto de reforma. Además, este señala que debería existir un plazo improrrogable para que se autorice el pedido: 30 días hábiles.

En la normativa vigente, el Parlamento no tiene una fecha límite para pronunciarse.

Asimismo, el gobierno sugiere que, en caso de ser detenido por un delito flagrante, el congresista involucrado en el hecho sea puesto inmediatamente a disposición de la Corte Suprema, con conocimiento del fiscal de la Nación.

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En el caso de los procesos iniciados con anterioridad a la elección del parlamentario, el proyecto establece que no será necesario el levantamiento de la inmunidad, ya sea de arresto o de proceso. Tampoco se requerirá pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del propio Congreso.

Además, la idea es que los procesos penales contra congresistas sean de competencia exclusiva de la Corte Suprema.

Otro extremo de la propuesta es que se pueda suspender al congresista mientras dure el proceso penal en su contra, aunque solamente en caso de los delitos dolosos con penas mayores a cuatro años y con la autorización previa de los dos tercios del Pleno.

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Oposición

Sin embargo, si algo quedó en claro en la sesión de la comisión que preside Rosa Bartra (Fuerza Popular) es que esta reforma política no cuenta con el favor de los legisladores, con la excepción de los representantes de Nuevo Perú y de la Bancada Liberal.

El principal argumento se puede resumir en lo siguiente: que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria deje de ser decidido por el Congreso colocaría a este en una situación de vulnerabilidad frente a denuncias falsas de personas interesadas en cobrar algún tipo de venganza política.

Uno tras otro –como Mauricio Mulder, Luz Salgado o Héctor Becerril– argumentaron en ese sentido.

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Pero lo que se espera es que se pueda llegar a un punto de acuerdo entre ambas posiciones. Por ejemplo, se ha sugerido que la inmunidad de proceso sea potestad de la Corte Suprema y que, en cambio, la inmunidad de arresto quede en las manos del Parlamento.

Por su parte, Luis Iberico (APP) dijo que solo en los casos de los procesos abiertos con anterioridad a la elección, la Corte Suprema debería ser la encargada de decidir si correspondería o no levantar la inmunidad. El debate continuará hoy.

Resultados

El ministro Vicente Zeballos argumentó que entre los años 2007 y 2011, de 15 pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, solo se aprobó uno. Y entre 2012 y 2016, de 15 se aprobaron cuatro.