Operadores electrónicos para empresas están bajo sospecha
Temores. Todas las empresas, según decreto, deben tercerizar su manejo contable a un operador de servicio electrónico (OSE). Para el Colegio de Contadores, la medida es irracional. Los OSE podrían filtrar información confidencial de sus clientes.
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Por: Edwar Quispe
La emisión de boletas o facturas vía electrónica en el país será obligatoria para todo tipo de empresas a partir del 2020. Esto por orden de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat). Su implementación es progresiva.
Esta conversión conllevará otro cambio: la revisión de los comprobantes no estará a cargo de la Sunat porque la entidad no tiene la capacidad. Encargarán esta labor a un privado, denominados Operadores de Servicios Electrónicos (OSE). Estos recepcionarán las boletas y facturas físicas para revisarlas y luego enviarlas electrónicamente a la entidad recaudadora. Todas las empresas deberán contratar y pagarles de su bolsillo.
Este procedimiento fue observado por el Colegio de Contadores del Perú. A través de su Consejo Nacional, interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC), pues considera se vulnera el derecho a la intimidad personal, familiar y a la reserva tributaria. Ayer ante los magistrados del TC, expusieron sus argumentos de oposición.
Las OSE revisará datos personales, RUC, DNI, artículos comprados, montos de compra, nombre de proveedores y direcciones. Luego dará la información con constancia a la Sunat.
El decano del Colegio de Contadores, Johnny Castillo, explicó que se perjudica a quien administra un negocio y a los compradores, en caso se haga un mal uso de la información. “(OSE) Van a tener información de personas naturales, tuya, mía, de todos. Van a saber qué compras tú. Esta información puede comercializarse y venderse a mi competencia”, dijo.
Añadió que los consumidores también serían afectados. Dijo que serán "bombardeados vía telefónica, por correos electrónicos y en redes sobre diversos productos" al conocer sus intereses de consumo. Castillo advirtió que en el peor de los casos puede ser usado por delincuentes para extorsionar.
Las primeras que se adaptarán a los cambios son las empresas que tienen ingresos iguales o mayores a 300 UIT, denominadas Principales Contribuyentes (Pricos). En Arequipa, según su Cámara de Industria y Comercio, hay 900 Pricos.
El gerente de esta entidad, César Lütgens Zereceda, rechazó su implementación. Dijo que demandará un alto costo a los empresarios y que la información que se ventilará es de carácter privado. Gracias a la demanda se amplió el plazo de implementación por 37 días (hasta agosto), cuando se conocerá la decisión del TC.
Familiares de asesinados piden hacerse cargo de restos
Los familiares de los procesados por terrorismo y asesinados en penales en 1986, llegaron ayer hasta las puertas del TC en Arequipa protestando contra la ley 30868, que permite que un tercero legal pueda exhumar o reubicar los cadáveres.
Según indicaron esta ley aprobada en 2018 se hizo con nombre propio para destruir el mausoleo que construyeron en el cementerio de Comas en Lima, con 50 nichos para enterrar a sus muertos. Cinco cadáveres fueron reubicados y según Miriam Gonzales y Nery Chavez Díaz (representantes), ni siquiera les avisaron. “No sabemos si los cuerpos son de nuestros familiares”, dijo Chávez, quien defendió la demanda de inconstitucionalidad presentada ayer.
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