La discriminación pendiente

La marcha del orgullo gay en días pasados ha puesto en la noticia la discriminación por orientación sexual existente en el Perú. Lentamente, sin embargo, se podría estar produciendo una evolución, tal como ocurrió con otras discriminaciones en distintas situaciones.

No fue una “ley” ni una reforma constitucional lo que empezó a derrumbar la discriminación racial en los EE.UU. Lo decisivo fueron dos hitos: el social y el de la justicia. En ambos resultados fue decisivo el papel activo de un sector de la sociedad.

Rosa Parks –Alabama, 1955– se negó a ceder su asiento a un blanco en el bus. Acabó en la cárcel, pero fue chispa contra la discriminación. En paralelo, la lucha de comunidades cada vez más amplias contra la separación en las escuelas entre niños blancos y negros. Fue la Corte Suprema la que en el caso Brown (1954) estableció que violaba la Constitución.

En la discriminación por orientación sexual funcionan cánones y factores parecidos: prejuicios, culturas retardatarias, instituciones resistentes al cambio, etc. Para algunos, la “no discriminación” en mentes antediluvianas se reduce a “tolerar” la existencia de orientaciones sexuales distintas de la heterosexual. La clave está en políticas y normas que reconozcan sus derechos pues, si no, la discriminación continúa.

Allí está la clave y el reto: respetar y garantizar el ejercicio de todos los derechos ciudadanos. Lo que incluye, por cierto, el matrimonio. En medio del fango retardatario prevaleciendo esto puede hoy parecer imposible. Máxime teniendo en cuenta que un Congreso hegemonizado por ultra conservadores ni siquiera ha sido capaz de aprobar una tímida ley sobre unión civil, a falta de matrimonio igualitario como lo han hecho ya varios países latinoamericanos.

Hay, sin embargo, algunas señales promisorias a favor del respeto de derechos. Empezando por una actitud social como se ha visto en los últimos días: el desarrollo sin contratiempos de la marcha de orgullo gay el pasado sábado, llegando ordenadamente y sin problemas mayores a la emblemática Plaza Bolívar delante del Congreso. Es algo que no se había visto.

Asimismo, que muchos colectivos sociales e, incluso, la publicidad de productos comerciales, asumieron en esos días la bandera multicolor del “orgullo gay”. Debe destacarse, también, la evolución –lenta, pero evolución, a fin de cuentas– de una opinión pública en la que la aprobación a la unión civil ha pasado del 31% (2014) al 36% (2019).

Segundo: decisiones judiciales internacionales que obligan a la autoridad nacional a garantizar que a nadie se pueda privar de sus derechos por su orientación sexual. Esto va mucho más allá de la tolerancia y aparece en el “debe” de la justicia nacional y de obligaciones jurídicas que no se están respetando. La Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento– ha establecido desde el 2012 (caso Atala Riffo) que “la orientación sexual… no puede servir de sustento para negar o restringir ninguno de los derechos establecidos en la Convención”. Esto incluye el matrimonio. Viola el ordenamiento jurídico vigente, pues, la autoridad municipal o judicial que siga negando el acceso a ese derecho.