Qué verde era mi valle

Los sectores extractivistas y mineros están alertas y presionando al Poder Ejecutivo para que el proyecto Tía María sea aprobado antes del 1 de agosto en que se cumple el plazo de vigencia del Estudio de Impacto Ambiental. La empresa concesionaria Southern ha desplegado una fuerte campaña de incidencia social en todo el Valle de Tambo ofreciendo capacitaciones diversas a la población y hasta un centro de salud mejor equipado que el actual.

Precisamente a ese aún malequipado centro de salud fue adonde llevaron el cadáver de Ramón Colque Huilca, agricultor que murió por una bala de la PNP en mayo del 2015, en pleno conflicto. Fue en ese puesto de salud en donde las mujeres cocachacrinas defendieron el secuestro del cadáver que intentó un grupo de policías, golpeando a la encargada de la limpieza del mismo, quien permaneció desmayada dos horas. Recordemos, por cierto, a Filosofexxx y otros efectivos, que escondían sus nombres utilizando seudónimos bastante creativos en sus gafetes. Fue Filosofexxx quien sembró un verduguillo en la mano de un inocente agricultor para denunciarlo por uso de armas punzocortantes.

Tampoco es posible olvidar a Pepe Julio Gutiérrez y su chantaje a la empresa, la denuncia del abogado Jesús Gómez y los meses que pasó en prisión, así como el impacto negativo en la organización y el movimiento social del Valle de Tambo. No obstante, tanto agricultores como “pallaqueros”, izan en sus techos precarios las banderas verdes que ondean en todo el valle –Cocachacra, Deán Valdivia, Punta Bombón– con el lema “Agro sí, mina no”.

Existe una evidente indignación de la población local ante la represión de la PNP, ante los nueve manifestantes y un policía asesinados en 2011 y 2015, así como centenas de heridos de ambas partes, decenas de hombres y mujeres criminalizadas, incluso una denuncia de la fiscalía que califica al Frente de Defensa como organización ilícita para delinquir.

En este escenario la empresa Southern promete que logrará la “licencia social” después de que se dé pase al proyecto y el Ejecutivo apuesta por reforzar el diálogo para abordar el conflicto. El asunto es que el diálogo no se entienda como una especie de capacitación en las “bondades” del mismo y que no se dé una licencia administrativa que encienda el fuego social. El EIA del proyecto Tía María tuvo 28 observaciones de UNOPS y nadie parece ahora acordarse.