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Política

Zeballos: Fuga de ‘Goro’ fue por deficiencia del Ministerio Público y el Poder Judicial

Titular de Justicia saludó intención del Congreso de formar una comisión investigadora para evaluar el procedimiento de las autoridades responsables de la excarcelación del sicario.

Zeballos y Goro
Zeballos y Goro

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, responsabilizó directamente al Poder Judicial y al Ministerio Público por la fuga del sicario Rubén Moreno Oliva, alias ‘Goro’, quien fue sentenciado a cumplir 25 años de cárcel por atentar contra la vida del exconsejero regional de Áncash Ezequiel Nolasco Campos.

En declaraciones desde el Congreso, en donde asistió a la Comisión de Constitución, Zeballos cuestionó el accionar del sistema de justicia en el caso del sicario.“¿[Fue] deficiencia de quién? Del Ministerio Público y del Poder Judicial", dijo el ministro, informando a su vez que su despacho ha cursado ya sendos oficios "al Poder Judicial y al Ministerio Público para que nos den alcances de este comportamiento”.

El sentenciado a 25 años de prisión por el primer atentado contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos salió del Penal de Piedras Gordas el 13 de junio entre las 3 y 4 p.m. para cumplir arresto domiciliario. Seis días después (19) escapó.

“El comportamiento y actitud que han tenido distintos funcionarios, evidencia un grado extremo de complicidad. Me estoy refiriendo a las autoridades de la dirección regional del registro penitenciario”, señaló en un inicio el ministro y también parlamentario.

Como se recuerda, alias ‘Goro’, pese a haber sido sentenciado a 25 años de cárcel por intentar matar al exconsejero regional Ezequiel Nolasco, fue enviado a cumplir arresto domiciliario, por lo que salió del penal de Piedras Gordas (Ancón I) el pasado 13 de junio.

La salida de alias ‘Goro’ del presidio se debió a asuntos de carácter formal, pues no se había registrado la sentencia a 25 años que a la que fue condenado, hecho que habría evitado su envío a cumplir arresto domiciliario.

Al respecto, el ministro Zeballos cuestionó que esta inscripción no se haya hecho, pues consideró que los encargados en Áncash "sabían perfectamente que el registro debe darse en el lugar en que se encuentra el interno ubicado, que es Lim [porque] el interno estaba en el penal Ancón I”.

Zeballos señaló que se ofició un documento al Ministerio Público por el tema de los retrasos en el proceso. El ministro señaló que, al no estar registrada la condena, los jueces se vieron “obligados a dar el arresto domiciliario” a alias ‘Goro’, pues “en un caso habían pasado 40 meses [de investigación] y en el otro 30 y no se determinaba nada", por lo que finalmente "el juez se vio obligado a determinar el arresto domiciliario”.

Por otro lado, saludó que desde el Congreso se haya dado la iniciativa de crear una comisión parlamentaria para que investigue los acontecimientos en torno a la liberación de alias ‘Goro’. “Me parece sumamente gratificante que se tome esta iniciativa, porque obviamente hay que ir a un deslinde de responsabilidades”, indicó Zeballos.

"En este hecho no solamente está el INPE. También está el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional”, sostuvo el ministro.

‘Goro’ en libertad

El 7 de junio pasado, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, dispuso que se liberara a Rubén Moreno Oliva, alias ‘Goro’.

En su sentencia, sin embargo, el juez Concepción Carhuancho se cuidó de precisar que la excarcelación y posterior arresto domiciliario del sicario se diera “siempre y cuando no tenga proceso pendiente con mandato de detención o sentencia a pena privativa de libertad efectiva pendiente de cumplimiento”.

La realidad es que pese a haber sido condenado a 25 años de cárcel, esta condena no había sido registrada en el sistema.

La decisión del juez Concepción Carhuancho, cabe precisar también, fue motivada por el vencimiento de los 18 meses de prisión preventiva contra alias ‘Goro’ que había solicitado el Ministerio Público por el homicidio de Hilda Saldarriaga, quien era una testigo clave del primer atentado cometido contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco en julio de 2010.

Aunque tres días después de la disposición del juez Concepción Carhuancho, la Policía Nacional verificó que la vivienda a la que iba a ser destinado cumpliera con las condiciones necesarias, el sicario solo estuvo seis días en arresto domiciliario, desde el 13 al 19 de junio, fecha desde la que se encuentra en calidad de prófugo de la justicia.




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