Susana Villarán: dictan comparecencia restringida para Marco Zevallos y otros implicados

La República
2 Jul. 2019 | 19:18h

Actualización

04:35 p.m. El juez Jorge Chávez declaró fundada la solicitud de la Fiscalía contra el exregidor Marco Zevallos, Jorge Torres, Óscar Vidaurreta y Juan Becerra. Los cuatro cuentan ahora con comparecencia restringida durante todo lo que dure el proceso penal (etapa intermedia y un eventual juicio).

Los investigados deberán presentarse cada fin de mes al Ministerio Público para pasar por un control biométrico. Asimismo, Jorge Torres, Marco Zevallos y Juan Becerra deberán pagar una reparación civil de S/10 mil.

En el caso del empresario Óscar Vidaurreta, deberá pagar S/50 mil, también en el plazo de diez días. Ninguno podrá cambiar su domicilio y deberán asistir a los despachos judiciales o fiscales cada vez que se los requiera.

Nota previa

El Poder Judicial resolverá a las 4 p.m. de este martes el pedido fiscal de comparecencia restringida para el exregidor Marco Zevallos Bueno y otros investigados por el Equipo Especial Lava Jato en el caso de Susana Villarán.

Entre ellos se encuentran también Jorge Torres Padilla, quien fue presidente de la Asociación Amigos de Lima; el empresario Óscar Vidaurreta, gerente general de Ogilvy, que recibió presuntamente dinero de OAS y Odebrecht; y Juan Becerra Jara, exrepresentante legal del partido Diálogo Vecinal.

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Según sostuvo la fiscal adjunta Ángela Zuloaga, todos formaron parte de la presunta organización criminal que lideró la exalcaldesa Villarán entre 2011 y 2014. El juez Jorge Chávez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, tiene a su cargo la decisión.

De acuerdo con la hipótesis que maneja el fiscal Carlos Puma, a cargo del caso, Marco Zevallos cometió el presunto delito de asociación ilícita y presentó también dos informes con datos falsos al JNE. Uno de ingresos y egresos y otra de donantes para la campaña contra la revocatoria del 2013.

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Acorde a ello también, Zevallos habría presentado información falsa a la ONPE sobre la campaña de reelección en 2014. Estas acciones tuvieron la finalidad, supuestamente, de ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de Odebrecht y OAS.

Es necesario destacar que este miércoles también se revisará el pedido de comparencia restringida para José Castro Joom, Mónica Pozo y el empresario constructor César Meiggs. Hasta el momento, tanto Gabriel Prado como otros tres exfuncionarios ya tienen esta medida en su contra y están obligados a pagar, además, S/10 mil por concepto de reparación civil.