Una cadena de negligencias generó fuga de sicario ‘goro’

Por: Henry Cotos

La fuga de Rubén Moreno Oliva (a) ‘Goro’ compromete no solo a personal del INPE, sino también a la Policía Nacional del Perú y al Poder Judicial. El sentenciado a 25 años de prisión por el primer atentado contra el exconsejero regional Ezequiel Nolasco Campos salió del Penal de Piedras Gordas el 13 de junio entre las 3 y 4 p.m. para cumplir arresto domiciliario. Seis días después (19) escapó.

En el INPE hubo un manejo indebido. Por asuntos de carácter formal no se registró la condena a 25 años que habría evitado que salga con arresto domiciliario. Para Wilfredo Pedraza, la culpa es de los responsables de inscribir la sentencia.

En Palacio de Gobierno el caso generó la ira del presidente Martín Vizcarra, quien pidió una respuesta inmediata al ministro de Justicia, Vicente Zeballos. La respuesta fue el cese del Consejo Nacional Penitenciario del INPE.

En la semana, tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Justicia han tratado de deslindar, y en el INPE nadie quiere declarar hasta que no se designen a las nuevas autoridades. La propia Fiorela Nolasco, hija de la víctima de ‘Goro’, ha sido clara en afirmar que ni los ministros del Interior y de Justicia, así como el director de la PNP, José Luis Lavalle, con quienes se reunió, le dieron información sobre la fuga y solo le garantizaron un mayor resguardo policial.

Así se gestó la fuga

Una cadena de negligencias de entidades del Estado precedió la fuga. La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa envía un documento fechado el 27 de diciembre del 2018 al director del INPE en el que pide la inscripción de los antecedentes judiciales de Moreno Oliva (a) ‘Goro’. Una semana después, el 4 de enero del 2019, la misma corte, vía courier, remite la sentencia del Exp. 6487-2011-38-2018 y la ejecutoria suprema RN 970-2015, que condenan al interno a 25 años de prisión por tentativa de asesinato por lucro en agravio de Ezequiel Dionisio Nolasco Campos.

Sin embargo, ese documento fue rechazado por el personal de Mesa de Partes por no contener la firma, postfirma y huella digital del secretario judicial.

El 31 de enero, el Poder Judicial, por segunda vez, remitió la sentencia y ejecutoria suprema mencionadas, pero no adjunta el fallo resolutivo de la sentencia, por lo que nuevamente se procedió a su devolución al órgano jurisdiccional.

Hasta ese momento solo existían trámites de uno y otro lado, pero no se procedió a inscribir la condena de ‘Goro’ en el registro correspondiente. El INPE reportó que hasta la fecha de la excarcelación del interno (13 de junio), el Poder Judicial no subsanó la observación formulada y de eso tendrán que dar cuentas las autoridades judiciales.

De manera sospechosa, los trámites empiezan a acelerarse. El 7 de junio, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional (expediente 347-2015), a cargo de Richard Concepción Carhuancho, dispuso la libertad del interno y su detención domiciliaria, precisando en su resolución que eso se debía ejecutar “siempre y cuando no tenga proceso pendiente con mandato de detención o sentencia a pena privativa de libertad efectiva pendiente de cumplimiento”.

La medida fue dispuesta al vencer el plazo de 18 meses de prisión preventiva contra ‘Goro’ por el homicidio de Hilda Saldarriaga, testigo clave del primer atentado contra Ezequiel Nolasco, en julio del 2010, en el que pereció su hijastro, Roberto Torres Blas.

En el INPE nadie se preocupó por verificar la real situación de los antecedentes judiciales de ‘Goro’. En este momento entra la participación de la Policía Nacional. El INPE le pide a la PNP que verifique si el domicilio consignado por Moreno Oliva reúne las condiciones de seguridad para que cumpla con el arresto domiciliario.

El 10 de junio, la PNP hace la verificación y da el visto bueno. El 12 de junio queda todo listo para la salida de ‘Goro’, pero las coordinaciones con la custodia policial sufren un retraso y recién el 13 sale del penal de Piedras Gordas para cumplir con el arresto domiciliario en el Jr. Azángaro 1045 – Lima.

Ese día, entre las 3 y 4 p.m., las autoridades del INPE ponen a ‘Goro’ a disposición de la División de Seguridad de Penales de la Policía Nacional para el cumplimiento de la orden judicial.

Fuentes del INPE aseguran que solo cumplió seis días de arresto domiciliario y desde el 19 está en calidad de prófugo de la justicia. Una vez que sale del penal, el detenido queda en custodia de la Policía, por lo que esa institución también tiene que pronunciarse.

El caso viene siendo investigado por la Procuraduría del INPE, en el que consideran un error que la Unidad de Registro Penitenciario del EP Chimbote haya registrado el 22 de enero la sentencia de la Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa (Exp. 6487-2010) que condenó al interno a 25 años de pena privativa de libertad.

Un documento interno del INPE, dice que el EP Chimbote no debió recibir ni registrar la sentencia de la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria del Santa respecto a un interno que se encontraba en el EP Ancón I.

Se explica que el numeral 5.22 del Título III del “Procedimiento para la Recepción, Trámite y Registro de Resoluciones Judiciales” establece que en los casos de “mandatos de detención de personas que no se encuentren físicamente recluidas en los establecimientos penitenciarios, no se podrá efectuar el registro en el Sistema de Registro Penitenciario o inscripción en el libro toma razón, por lo que se procederá a su devolución al juez o sala penal, indicando la situación del procesado o sentenciado”.

En corto

- Lo buscan. Un equipo especial de búsqueda de la PNP está tras los pasos del prófugo Rubén Moreno Olivo ‘Goro’.

- Penas. Funcionarios del INPE estarían inmersos en delito de encubrimiento personal y podrían ir presos hasta 15 años.

Formularon denuncia ante Fiscalía

- La Procuraduría del INPE viene investigando el caso y el 27 de junio denunció ante la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios a Manuel Leonardo Asunción Portilla y Amable Violeta Rivas Costilla, quienes se desempeñan como jefe de la Oficina de Registro Penitenciario y técnico administrativo en antecedentes judiciales y kárdex del Establecimiento Penitenciario Chimbote.

- También a Rubén Moreno y a los que resulten responsables por delitos de corrupción de funcionarios.

- Tras la fuga fueron cesados del Consejo Nacional Penitenciario el presidente Carlos Antonio Romero, el vicepresidente Federico Llaque Moya y Claudett Katerina Delgado Llanos.

Vicente Zeballos, ministro de Justicia

“Falló el registro penitenciario. Se evidenció que el INPE tiene serias falencias administrativas. Lo elemental era contrastar el archivo, el sistema informático, cruzar información, pero no se hizo”.

José Luis Lecaros, presidente Poder Judicial

“El INPE registró en su libro de ingresos y egresos del penal que ese señor (Moreno Olivo) estaba sentenciado a 25 años de cárcel, de modo que la libertad que dio fue absolutamente irregular”.

Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE

“Cuando hay un cambio de tipo prisión, el interno fija el domicilio y la PNP hace una evaluación de seguridad. Si es seguro, se emite un informe y el INPE entrega al interno a la PNP, que lo traslada y custodia”.

Piden el registro de sentencia

La corte del Santa pidió a las autoridades del INPE que registren los antecedentes del sentenciado ‘Goro"’, pero no se hizo.