Voto de confianza bamba

Sinesio López
13 06 2019 | 00:13h

“El Ejecutivo puede considerar legítimamente que el Congreso no ha otorgado el voto de confianza a la reforma política...”.

Pese a las evidencias irrefutables, el fujiaprismo sigue blindando al fiscal Chávarry. Este ha agradecido el gesto ratificando al fiscal Rodríguez Monteza para que vea el recurso de casación interpuesto por KF. Pero el juez Supremo Aldo Figueroa, ante el escándalo de nuevos audios que lo comprometen, se ha inhibido de participar en la casación, poniendo en riesgo el tinglado armado por el fujimorismo.

La Comisión de Constitución del Congreso ha acelerado el cronograma de discusión de la reforma, pero sigue resistiéndola. La mayoría fujiaprista que decide en esa comisión votó en contra del voto de confianza que otorgó la mayoría del Congreso al Ejecutivo, pero ella decide el destino de la reforma política.

La composición de la Comisión de Constitución y de la Comisión Permanente del Congreso obedece a la correlación de fuerzas pre-referéndum en la que el fujiaprismo tenía mayoría. Ahora ya no tiene la mayoría, pero sigue actuando como si la tuviera. En ese sentido, sus decisiones no son democráticas y carecen, por eso mismo, de legitimidad. 

Antes del debate de voto de confianza, Salaverry, el presidente del Congreso, quiso sincerar la correlación actual de fuerzas en el Congreso cambiando la composición de las comisiones, pero el fujiaprismo se opuso con el apoyo de AP, APP y otras bancadas menores que son topos de FP. Sin embargo, la mayoría de los congresistas dieron el voto de confianza a la propuesta de reforma política del Ejecutivo, pero la minoría fujiaprista que votó en contra sigue teniendo la sartén por el mango. 

Si la mayoría congresal que respaldó la reforma política del Ejecutivo no  la defiende y permite más bien que una minoría la tergiverse, entonces su voto de confianza era bamba, una engañifa. Que lo que realmente quería era seguir cobrando y teniendo inmunidad e impunidad. 

Ante esta maniobra del fujiaprismo, el Ejecutivo puede considerar legítimamente que el Congreso no ha otorgado el voto de confianza a la reforma política y está, por eso mismo, autorizado constitucionalmente a disolver el Congreso y a convocar a elecciones para elegir uno nuevo.