César Álvarez, primer condenado por Odebrecht

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La República
2019 M06 12 | 02:00 h

Corrupción en Áncash. Jueza concluye que ex gobernador regional de Áncash otorgó beneficios indebidos a Odebrecht, en virtud del pacto colusorio y el soborno que recibió el funcionario.

La justicia avanza. La jueza Nayko Coronado, del primer juzgado nacional anticorrupción, impuso ayer la primera sentencia a funcionarios públicos por los actos ilícitos cometidos por la constructora Odebrecht en el Perú.

El ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez y siete ex funcionarios del Gobierno Regional Ancashino fueron condenados por favorecer a Odebrecht con pagos indebidos por 27,1 millones de soles, en la ejecución de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis.

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Coronado subrayó que esos pagos indebidos eran consecuencia del pacto colusorio y el soborno de 2,6 millones de dólares que Odebrecht realizó a Álvarez por la adjudicación de dicha obra.

Por este hecho, César Álvarez recibió una pena de 8 años y 3 meses de prisión efectiva, que cumplirá en un recinto penitenciario, entre el 11 de junio del 2019 al 10 de septiembre del 2027. En este caso, no se había dictado prisión preventiva antes.

German Martínez Cisneros, exgerente regional de infraestructura y Luis Díaz Vilca, ex subgerente de supervisión y liquidación, recibieron una pena de 8 años y 3 meses de prisión efectiva. La jueza dictó orden de búsqueda y captura contra ambos.

También se dictó pena efectiva de 6 años y 6 meses de prisión, contra Leoncio Mauricio Chu, exgerente regional de administración. Este personaje fue detenido, un par de horas después en inmediaciones de las Salas Anticorrupción.

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Igualmente, se impuso seis años de prisión a Ivonne Bayona Guio, exsubgerente de estudios, y cuatro años de prisión efectiva al ingeniero supervisor, Mario Peralta Gibaja.

En estos casos el cumplimiento de la pena se suspendió hasta que se resuelva la apelación, pero ambos deberán presentarse cada lunes al juzgado.

Lorenzo de la Cruz Sánchez y Antenor Kjuro Beizaga recibieron 4 años de prisión, que se suspendió por tres años de prisión suspendida, al reducirse su condena, por tener más de 65 años, cuando cometieron el delito.

El fallo íntegro se leerá el 21 de julio próximo. Ayer solo se brindó una explicación y se dieron a conocer las conclusiones de la sentencia.

La jueza Nayko Coronado dijo que el fiscal Elmer Chirre había logrado probar los cuatro hechos ilícitos por los que planteó este juicio. Subrayó que el caso había tenido un giro cuando en diciembre último, se presentaron las declaraciones de dos colaboradores eficaces y un testigo protegido.

Anotó que se probó que Odebrecht recibió un adelantó de materiales de obra por 155 millones de soles, que supuso un beneficio financiero para Odebrecht de S/ 10,6 millones.

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Además, le otorgaron ampliaciones de obra no justificadas de S/ 5,2 millones, se pagaron trabajos adicionales y valorizaciones indebidas por 11,6 millones de soles.

Todo esto, subrayó la jueza, tiene su sustento en el pago del soborno de 2,6 millones de dólares. Indicó que si bien en este pago no aparece Álvarez, es evidente que actuó a través del colaborador Dirse Valverde Varas, conforme señalan los colaboradores. 

Nolasco

Justicia. Fiorella Nolasco, hija del asesinado exconsejero Ezequiel Nolasco, señaló que la sentencia reconoce todos los sobrecostos que denunció su padre en la construcción de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis. "Él denunció esos sobrecostos, por eso lo mataron", señaló.

Es una sentencia emblemática

El fiscal Elmer Chirre destacó que la sentencia del caso Carhuaz-Chacas-San Luis es emblemático para el Ministerio Público, pues este es un proceso eminentemente trabajado por los fiscales y recién luego llegaron los colaboradores eficaces del exterior.

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También resalto el trabajo de los fiscales de Áncash que iniciaron esta investigación, en una situación muy complicada. El caso, luego fue trasladado a Lima y asumido por Chirre lo ha llevado a buen termino.

Chirre remarcó que este es uno de los tantos procesos que afronta Álvarez por actos de corrupción en Áncash. Recordó que ha pedido una pena de 35 años de prisión contra el exgobernador regional por delito de lavado de activos, en el caso La Centralita.