La hora del empresariado

La República
11 Jun 2019 | 0:16 h

“Un hito en el desarrollo de la corrupción fue la privatización ejecutada por Fujimori. Un festival de malbarateo de empresas estatales, solo explicable por el apetito de coimas”

Un mito que alcanzó una notable popularidad en el Perú de las últimas décadas fue el del empresariado honesto y eficiente, como antítesis del Estado ineficiente y corrupto. Este mito legitimó la privatización de las empresas estatales creadas durante el gobierno militar y la ineficiencia, corrupción e irresponsabilidad del primer gobierno de Alan García se constituyó en la mejor prueba de que el Estado no era confiable. Solo después nos enteramos de que tampoco lo es el empresariado y que la corrupción no hace distinción entre lo público y lo privado. Sobre la eficiencia fue necesario enfrentar el desastre del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para desechar la creencia de que la salvación del Perú era un gerente.

En Brasil la mayor parte de los investigados y condenados judicialmente por el caso Lava Jato son empresarios, mientras que el número de políticos comprometidos comparativamente es menor. En el Perú es al revés: casi la totalidad de los enjuiciados y apresados son políticos, mientras que los empresarios virtualmente no han sido tocados, salvo muy contadas excepciones. Este es un dato interesante para ubicar dónde se concentra el verdadero poder en nuestro país.

No es que nuestro empresariado sea especialmente virtuoso. El acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Graña y Montero con la fiscalía va a destapar bastantes desagües. Un reciente informe de Ojo Público, por otra parte, revela que hay más de 1.400 empresarios investigados por corrupción en el país, principalmente por colusión, negociación incompatible y peculado. La corrupción es elevada en las regiones: en Áncash hay 258 casos, en Junín 196 y en Lima 160.

Un hito en el desarrollo de la corrupción fue la privatización ejecutada por el gobierno de Alberto Fujimori. Fue un festival de malbarateo de empresas estatales rentables, solo explicable por el apetito de coimas. Un devastador programa televisivo dirigido por César Hildebrandt aportó muchos ejemplos, de los cuales cito solo algunos. La empresa Solgas fue vendida a una empresa chilena por 7 millones y medio de dólares. Cuatro años después la empresa compradora la revendió por 58 millones. La refinería La Pampilla fue vendida en 180 millones de dólares, cuando sus utilidades anuales eran 85 millones; en otras palabras, el comprador recuperó su inversión en apenas dos años. Similar fue el caso de la cadena de grifos, que daban 38 millones de dólares anuales al Estado, por concepto de alquileres, y fue vendida en 78 millones. La Naviera Transoceánica, una filial de PetroPerú, tenía barcos valorizados en 85 millones de dólares, pero los valorizaron en 21 millones para su venta. Hierro Perú fue vendido a un consorcio chino por 120 millones de dólares y poco tiempo después la empresa compradora estaba exportando minerales a China por valor de 120 millones al año. El yacimiento Cerro de Pasco tenía 20 millones de dólares anuales de utilidades y fue vendido por 61 millones. Doe Run, una de las empresas compradoras, convirtió a La Oroya en una de las ciudades más contaminadas del mundo, dejó una estela de graves daños ambientales y ganó adicionalmente decenas de millones a través de demandas judiciales contra el Estado (https://bit.ly/2IzJ13I).

Así se sentaron las bases para la corrupción empresarial del siglo XXI, cuyos entretelones debieran ventilarse judicialmente. Conspira contra este objetivo la corrupción imperante en los poderes legislativo y judicial. Solo la vigilancia ciudadana puede destrabar el escenario.