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Este martes 11 de junio se leerá la primera sentencia por el caso Lava Jato en Perú

La Republica

Decisión. Después de más de un año de juicio oral, la jueza Nayko Coronado se pronunciará sobre el ex gobernador regional César Álvarez y los US$ 2,6 millones que habría recibido de Odebrecht.

 

El Poder Judicial emitirá por primera vez una sentencia por el caso Lava Jato en el Perú. El mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica alcanzó al ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez, quien ha sido acusado de recibir millonarios sobornos de Odebrecht, a cambio de la ejecución de la carretera Chacas-San Luis, en el 2011.

El caso fue descubierto por el fiscal anticorrupción Elmer Chirre Castillo, sin respaldo de la cooperación judicial internacional, y como consecuencia de una investigación de tres años al caso “La Centralita”.

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Este martes 11 de junio, la jueza Nayko Coronado, del Primer Juzgado Unipersonal Anticorrupción, se pronunciará luego de 1 año y tres meses de iniciar el juicio oral.

El representante del Ministerio Público solicitó para Álvarez una pena de 8 años y 3 meses de prisión e inhabilitación, por el delito de colusión agravada. Para Germán Martínez y Luis Díaz Vilca, exfuncionarios de Álvarez, se pidió la misma pena.

Para los ocho imputados restantes, se solicitó 6 años y medio de prisión e inhabilitación. Todos habrían intervenido en el favorecimiento a Odebrecht.

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En mayo pasado la constructora brasileña completó el pago de los S/ 65 millones de reparación civil, en el marco de dos sentencias de colaboración eficaz (La Centralita y Chacas-San Luis), que la Fiscalía y la Procuraduría Anticorrupción lograron el año pasado.

Colaboradores y testigos

Durante el juicio, el fiscal Elmer Chirre presentó testimonios de colaboradores eficaces y testigos protegidos que acusaban a César Álvarez, quien a través de una offshore en Hong Kong recibió US$ 2,6 millones de Odebrecht.

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El testigo reservado N°1-2017, quien reveló haber sido exdirectivo de Odebrecht, afirmó haber presenciado una reunión entre representantes de la constructora brasileña y un funcionario de la gestión de César Álvarez, en el 2010.

Además, Dirse Valverde, gerente de infraestructura del gobierno regional, indicó que César Álvarez pedía la entrega de 2,5% del valor del contrato, descontando el IGV, a cambio de que la empresa gane la buena pro.