Municipalidad de Coronel Portillo no toma en cuenta recomendación de OCI para rechazar pretensión de invasores de terrenos

Lupe Muñoz
5 06 2019 | 11:21h

La Oficina de Control Institucional del municipio pucallpino concluyó que existieron irregularidades en el trámite de prescripción adquisitiva que presentaron los usurpadores con documentos falsos.

La nueva gestión del alcalde de Coronel Portillo, Segundo Pérez, reconoció que durante el mandato de su antecesor, Antonio Marino, se cometieron irregularidades en beneficio de un grupo de invasores de terrenos, quienes se autodenominan asentamiento humano Las Lomas de San José, que pretende apropiarse de un inmueble en complicidad con personal del mencionado municipio.

Sin embargo, hasta ahora el burgomaestre Pérez no rechaza los intentos de los usurpadores de conseguir la prescripción adquisitiva de un terreno de 9.74 hectáreas ubicado en San José de Yarinacocha, de propiedad de Ramón Miranda, mediante la presentación de documentos fabricados.

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Al poco de iniciarse la administración municipal de Segundo Pérez, la entidad edilicia concluyó que los invasores demandaban la prescripción adquisitiva sin cumplir con el plazo exigido por la ley.

Además, la Oficina de Control Institucional (OCI), dependiente de la Contraloría General de la República, no sólo corroboró que durante la gestión del ex alcalde Antonio Panduro se violentaron las normas en favor de los usurpadores sino también recomendó  que declare improcedente la solicitud de propiedad por prescripción.

No obstante lo mencionado, en lugar de rechazar el propósito de los invasores, la administración del alcalde sólo ha suspendido el trámite hasta que concluya el juicio   de desalojo que ha emprendido el verdadero propietario del terreno invadido, cuando lo cierto que una cosa no tiene que ver con la otra.

Como consecuencia la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo mantiene vigente la inscripción de una medida cautelar en la partida del inmueble usurpado, de inicio del procedimiento de prescripción adquisitiva.

Por si fuera poco, las autoridades del municipio concluyen que el proceso de los invasores es irregular, pero mantienen como funcionaria edilicia a la abogada Lizet Noblejas, quien fue la que le dio validez a una constancia falsa que presentaron los invasores, a pesar que la letrada recibió toda la información que acredita que había sido engañada con documentos falsos.

El alcalde provincial Segundo Pérez, si quiere hacer la diferencia con la anterior gestión de Antonio Marino, debería rechazar de plano el procedimiento de prescripción adquisitiva de los invasores y dar seguridad jurídica a los empresarios del sector inmobiliario.

Ramón Miranda con la finalidad que le restituyan su propiedad presentó en marzo del 2018 una demanda de Reivindicación ante el Juzgado Mixto de Yarinacocha. Desde entonces, ha pasado más de un año, tiempo en el que ya debería haber una sentencia en primera instancia y no se ha avanzado casi nada.

Con esta conducta tanto la Corte Superior de Ucayali y la municipalidad provincial de Coronel Portillo promueven la inseguridad jurídica en Pucallpa por tráfico de terrenos con el apoyo de autoridades que no cumplen con sus obligaciones legales.