Las “consorciadas” y el efecto dominó

Humberto Campodónico
05 Jun 2019 | 0:19 h

“Para preservar lo positivo, se debe avanzar hacia un Buen Gobierno Corporativo efectivo –y no solo declarativo– y a las normas de cumplimiento”.

La semana pasada la fiscalía del equipo Lava Jato dijo que hay cuatro empresas colaboradoras en el caso Club de la Construcción, que investiga a 18 empresas. Desde la Ley 30737 del año pasado las empresas pueden ser colaboradores eficaces, antes solo lo eran las personas naturales. 

Hasta ahora, las únicas empresas del llamado “Tipo 1” (es decir, que habían ya confesado delitos –entre ellos la coima– para conseguir contratos) eran brasileñas. De un lado, Odebrecht, que ya tiene firmado un acuerdo de colaboración eficaz (ACE), y ahora OAS, que está en ese proceso.

Las empresas nacionales eran solo “consorciadas” con las del Tipo 1. Según la Ley 30737, las “consorciadas” tienen que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos con el aporte a un fideicomiso para el pago de la reparación civil que se le cobra a la empresa del Tipo 1. 

Cuando la “consorciada” entra a un ACE con la fiscalía y pasa a la Lista 1, la Ley 30737 estipula que se debe pagar una reparación civil al Estado, calculada por la Procuraduría. Si, por ejemplo, se establece coima en un proyecto donde estuvo con Odebrecht, la reparación civil se cobrará de acuerdo a su % en el proyecto. Asimismo, está impedida de contratar con el Estado, se le restringen las transferencias al exterior y hay retención de los importes pagados por el Estado. 

Confesar el delito –lo que va a permitir saber la verdad– le permite acceder a una serie de beneficios que, justamente, brinda el ACE: se le puede eximir, suspender o reducir las consecuencias jurídicas derivadas del delito. Pero no se puede eximir de la reparación civil. Y si el Ministerio Público lo considera necesario, puede también eximirla o reducir la aplicación plena de la Ley 30737.

Una pregunta clave: ¿por qué recién ahora se acogen las empresas nacionales? Difícil saberlo pero algunos expertos (nosotros no lo somos) nos aseguran que durante los primeros dos años (2017 y 2018), no tenían la certeza de que “valía la pena” acogerse a la confesión sincera, sobre todo si se toma en cuenta todas las marchas y contramarchas del proceso de ACE con Odebrecht. 

Sin embargo, una vez firmado, se habría producido un “efecto dominó”. De un lado, las confesiones y pruebas de Odebrecht y OAS los van a comprometer, sí o sí. O sea, lo hacen para no caer al abismo. De otro, aprecian que el ACE les abre las puertas a penas reducidas e, incluso, a que las empresas puedan continuar operando y contratando con el Estado. 

Bastante más se pudo hacer en estos dos años para llegar mucho antes adonde estamos ahora. El Poder Ejecutivo pudo haber intervenido a las empresas desde un inicio, lo que permitía, a la vez, mantener la cadena de pagos y eliminar “jugadas” en el camino –que les han permitido vender activos y recuperar varias decenas de millones de dólares–. Pero, ay, PPK y su rabo de paja.

Para terminar, una vez sentenciados los responsables, aceptando que también ha habido corrupción “nacional”, es importante preservar el acervo de capital físico, tecnológico, pero sobre todo humano, y la experiencia acumulada en dichas empresas. La inmensa mayoría de ingenieros, empleados y obreros nada tienen que ver con las coimas y la corrupción

Para preservar lo positivo, se debe avanzar hacia un Buen Gobierno Corporativo efectivo –y no solo declarativo– y a las normas de cumplimiento (“compliance”) de las leyes y regulaciones peruanas. Falta mucho todavía para pasar la página de la corrupción. Pero estamos avanzando.