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Política

Corrupción y bienestar

La Republica

Sobre el atroz alegato en favor del soborno.

En el debate de la cuestión de confianza, varios legisladores opuestos a la reforma política se han excedido en el libreto que afirma que esta no impacta en la vida de la gente. Ahora deslizan la idea de que la corrupción es un mal difícil de erradicar, que las soluciones a la pobreza y a la falta de bienestar deben de priorizar otras medidas, que la corrupción está en el Ejecutivo y no en el Congreso, o que en todos los lugares hay corrupción.

Además de normalizar su existencia, un intento muy reprobable, y de relativizar su relación con las reformas institucionales, estas afirmaciones pretenden consolidar la idea de que la corrupción no está vinculada con la vida cotidiana de la gente, es decir, que los ciudadanos no se perjudican con ella. Probablemente sea el último reducto de un razonamiento contrario al cambio y que debe ser analizado también con el auxilio de otras disciplinas.

El gobierno de Alberto Fujimori, uno de los más corruptos de la historia peruana, es acusado de apropiarse por lo menos de 600 millones de dólares, a lo que habría que agregar las obras mal hechas (como los colegios precarios), las obras sobrevaluadas que causan un perjuicio directo en la prestación de los servicios, la corrupción en las privatizaciones que conllevaron tarifas elevadas, o el robo directo, como es el caso de la Caja Militar Policial. Es esa línea, debe mencionarse que entre Fujimori y Montesinos deben 546 millones de reparación civil, el 28% del total adeudado por lo corruptos.

Luego de la caída de Fujimori, los gobiernos de Toledo, García, Humala y Kuczynski fueron igualmente impactados por la corrupción, cuyo costo directo fueron las sobrevaluaciones, que restaron dinero al fisco y a otros gastos prioritarios, las adendas donde el Estado fue perjudicado con pagos no previstos, las obras innecesarias como la Interoceánica Sur, o la demora en la construcción del Metro de Lima y la consiguiente pérdida de horas/hombre en el desplazamiento, y en donde el perjuicio per cápita es directo.

Más allá del costo histórico político que implica la impunidad para el futuro de una sociedad, y el costo de oportunidad de privarse de recursos para favorecer los servicios, el mercado y el capital social de un país, no existe un azote más directo contra el ciudadano que la corrupción. 

Los estudios serios de los organismos internacionales ponen énfasis en la relación entre pobreza y corrupción y entre transparencia y desarrollo, y por esa razón estas ecuaciones forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que al parecer no han leído los padres de la patria. O no les ha interesado.