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Política

Carta marcada

La Republica

La increíble irrupción del Sr. Blume.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, ha ingresado como una tromba a la escena del conflicto Ejecutivo/Congreso, colocándose al lado del segundo. Ha señalado que el presidente de la República “no está habilitado constitucionalmente para imponer al Congreso la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional”.

También ha señalado que no se pueden ni se deben imponer las cosas (sic). Poco antes señaló que la Cuestión de Confianza (CdC) es algo extremo (sic), que debe utilizarse en casos que realmente correspondan, amén de otros comentarios siempre en la línea de favorecer la posición del Parlamento.

Su actitud es imprudente. En el orden institucional, no hizo la salvedad de que sus opiniones no son las del TC; al contrario, se ha cuidado de que aparezcan como propias del colegiado, al extremo de difundirlas a través de los canales e imágenes oficiales del organismo que preside. Una de los magistrados ha debido de aclarar que su postura es personal.

En el orden de cosas jurisdiccional, siendo una posición individual, inclusive, es el adelanto de opinión del titular de un organismo que podría en algún momento dilucidar vía interpretación alguna de las decisiones que ahora se encuentran en tensión, en calidad de última y/o única instancia de los procesos constitucionales. Esta falta de discreción no puede resolverse con su inhibición si alguna causa llegara al TC, porque el daño es mayor; su intervención manosea y vicia la independencia del organismo que preside, abusando de la condición pedagógica, arbitral y controladora del TC.

En el orden de la verdad material, sus comentarios son desafortunados e imprecisos. Blume esconde ex profeso la sentencia del TC de noviembre pasado (Exp. 0006-2018) aprobada por unanimidad contra la reforma del reglamento de Congreso. En esta sentencia se cuestiona la pretensión de regular desde el Legislativo la presentación de la CdC, calificando este mecanismo como una prerrogativa amplia y abierta del Ejecutivo, un campo de acción que no puede ser recortado.

Meses después, Blume le dicta al Gobierno, eso sí en vías de imposición, otros mecanismos, indicando que la CdC es extrema y que debe usarse en otro momento, incurriendo en la misma conducta del Congreso que el TC ha corregido. Más allá de su cambio de opinión en tan corto tiempo, y de un probable conflicto de intereses respecto de sus pasadas defensas judiciales, es probable que la dosis de tolerancia que recomienda a otros, la necesite él.