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Política

Visión integral

La Ley del Consejo para la Reforma de la Justicia en marcha.

La Republica

La Ley del Consejo para la Reforma de la Justicia en marcha.

Se ha instalado recientemente el Consejo para la Reforma de la Justicia creado por la Ley Nº 30904, que forma parte del paquete de normas de reforma judicial enviadas al Congreso por el Ejecutivo en agosto pasado. De acuerdo con esta ley, integran este organismo los titulares del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría General, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia y el Ejecutivo.

La creación de este organismo es trascendente y a ello se debe la férrea resistencia que hiciera el Congreso, que ha modificado algunos de los artículos del proyecto inicial, especialmente el que señalaba que lo presidía el presidente de la República, entiéndase, en su calidad de jefe del Estado. Al margen de ello, el presidente ha sido designado titular de este organismo por espacio de un año.

El Consejo es además un órgano permanente, y aunque la ley no señala que sus acuerdos son vinculantes, para no colisionar con el mandato constitucional y leyes orgánicas de los poderes y órganos del Estado, dispone la formación de una visión común de la reforma de la justicia que debe ser presentada como “propuesta de política pública en materia de justicia” al Congreso de la República.

El cometido de este órgano, inicialmente diseñado por el Ceriajus hace quince años, es impulsar la reforma del sistema de justicia mediante política nacional con un enfoque de coordinación, y el seguimiento y control de este proceso. El centro de esa innovación, si se logran superar en la práctica las visiones independentistas en el Poder Judicial y Ministerio Público, es el tránsito de la reforma de la justicia a quehacer nacional integral más allá del papel específico y casuístico de los jueces y fiscales.

Varios cambios en la administración de justicia naufragaron en el Ministerio de Economía y Finanzas, o perdieron efecto innovador por falta de financiamiento, resultado de lo cual son, por ejemplo, los retrasos en la supresión de la provisionalidad de los magistrados y la implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Por esa razón, es importante que la ley del Consejo disponga la instalación del cuerpo técnico que supervisará avances y retrocesos.

Con la creación de este organismo, y la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se tienen dos pasos en la dirección de la reforma, esperando que su ejecución no tropiece y en cambio haya voluntad política. La justicia y los que acceden a ella para hacer valer sus derechos lo necesitan.