Quien no la debe...¿No la teme?

Diego García Sayán
23 05 2019 | 00:12h

“Está muy bien que Salvador del Solar, en nombre del gobierno, haya hecho cuestión de estado ante el Congreso en la carta que envió el martes a la presidenta de la Comisión de Constitución”.

Hay quienes parecen no haberse dado cuenta del significado de la desaprobación del 90% al Congreso y el que más del 70% de la población rechace –con razón– esta inmunidad parlamentaria que funciona como un privilegio y sirve para la impunidad. Y el Perú no está solo en esta percepción. Una ola latinoamericana cubre la región para suprimirla en los países en los que aún existe. 

Frente a una conciencia vigorosa ante la corrupción y, en particular, contra quienes medran con el uso –y abuso– del poder público, se remecen los cimientos cada vez más endebles de la inmunidad parlamentaria, conocida como “fuero” en algunos países. Concebida en tierras británicas en 1689, en el Bill of Rights, como una garantía y protección a los parlamentarios frente a la amenaza del poder político, la inmunidad/fuero tiene, en nuestra región de hoy, otra naturaleza por lo que urbi et orbi la gente quiere que se elimine; sin matices.

En Colombia hace rato que los parlamentarios fueron despojados de toda inmunidad; nadie se atrevería a proponer su reimplantación. Pueden ser investigados y sancionados sin necesidad de que el Congreso lo autorice. Reacción a épocas en las que narcotraficantes como Escobar se hacían parlamentarios para gozar de inmunidad. El reducido “fuero” que tienen consiste en que sólo pueden ser investigados y sancionados por la sala penal de la Corte Suprema (que acaba de crear una instancia para garantizar la doble instancia). También pueden ser objeto de pérdida de investidura por el Consejo de Estado que les puede implicar una inhabilitación de por vida. En la democracia chilena tampoco existe. Y en México –como en el Perú– más del 70% de la opinión pública coincide en que debe suprimirse (algo que ya ha ocurrido en varios estados). Será porque vive aún en la memoria de la ciudadanía mexicana el caso de una diputada local acusada de ingresar documentación comprometedora a la celda del “Chapo” Guzmán cuando estaba detenido en su país. 

La eliminación –o restricción– de este privilegio está en manos, precisamente, de los beneficiarios del mismo quienes –con velocidad del rayo– archivaron el proyecto de reforma constitucional del gobierno. Contra la opinión pública y la historia, los congresistas optaron por mantener su privilegio a la inmunidad. La oportunidad de oro se perdió el año pasado con el referéndum de diciembre en que el gobierno erró la puntería proponiendo un tema lateral (la no reelección de congresistas, asunto que la gente resuelve en la siguiente elección reeligiendo a muy pocos). No obstante, está muy bien que Salvador del Solar, en nombre del gobierno, haya hecho cuestión de estado ante el Congreso en la carta que envió el martes a la presidenta de la Comisión de Constitución.

Pero eso no basta si el mismo gobierno no impulsa una salida. Esta existe: convocar a la sociedad para la acción y la movilización conduciendo a un referéndum este año sobre la materia. En base a lo previsto en la Constitución y en la ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, el gobierno podría lanzarlo –como lo hizo el 2018– o se puede iniciar por convocatoria ciudadana. Gran tema para una movilización y ejercicio de ciudadanía que el gobierno podría –debería– impulsar, de creer aún en la “reforma política”.  Esperemos que lo haga y que con ello abra el camino para poner al Perú al nivel de países democráticos que ya dieron ese paso ante ilegitimidad de la inmunidad para la impunidad.