¿Gasoducto? Que lo haga otro, no yo

Humberto Campodónico
22 May 2019 | 0:18 h

La licitación del gasoducto al sur se postergará hasta el 2021, pero no por las razones que el gobierno aduce

La licitación del gasoducto al sur se postergará hasta el 2021, pero no por las razones que el gobierno aduce. En realidad, la licitación para que se retome el gasoducto se podría hacer este año 2019 si hubiera voluntad política. Antes, veamos en qué estamos. 

Dice que la consultora Mott MacDonald se ha demorado en entregar sus informes, lo que retrasa el proyecto. Lo que no dice es que esa contratación se hizo para variar el trazo de la ruta del gasoducto, de tal manera que vaya por mar o por la costa. En verdad, no era necesaria: un engañamuchachos para “ganar tiempo”.

¿Y por qué por la costa? Porque hay intereses empresariales que no quieren un segundo gasoducto, serrano, que use el gas de Camisea para, así, controlar mejor las reservas de gas actuales y las futuras. 
Pero esa “alternativa” fracasó. ¿Por qué? Porque hay tres leyes (29129, 29817 y 30130) que declaran de prioridad nacional el gasoducto serrano. ¿Ustedes se imaginan a este Congreso –o cualquier Congreso– derogando esas leyes y votando una ley pro-costa? No hay forma. Lo más importante: el gasoducto es técnicamente solvente y rentable. 

Otro interés empresarial proviene de las centrales hidroeléctricas y las que usan el gas de Camisea, cerca de Lima. En Arequipa y Moquegua hay tres centrales de 500 MW cada una, que tienen que quemar diésel caro para funcionar. Pero están listas para usar el gas barato, cuando llegue. Si no llega, seguirán quemando diésel y las tarifas eléctricas subirán. Queda claro quiénes no quieren gasoducto al sur.

Una tercera razón, distinta a las anteriores, es que en la licitación del gasoducto en el 2014 habría corrupción, lo que investiga la Fiscalía. ¿Hubo? Se sabrá cuando la investigación culmine. 

Mientras, el gobierno debe “encapsular” el nuevo proceso, asegurando a los nuevos postores que el ganador no se verá afectado por lo que diga la fiscalía y, si fuera el caso, el Poder Judicial. Se puede hacer. Pero el gobierno no quiere. ¿Por qué? Porque la nueva licitación implica reconocer la inversión de US$ 1,500 millones (aprox) en la compra de tubos hecha por el consorcio GSP (Odebrecht, Enagás y Graña y Montero). 

Y no la quiere reconocer (ojo que Enagás ha llevado al gobierno en arbitraje al CIADI del Banco Mundial, pidiendo US$ 511 millones de indemnización) porque tiene miedo de aparecer como supuesto “cómplice de la corrupción” (1). 

Más. Está apareciendo una “nueva mezcla”: opositores del Acuerdo de Colaboración Eficaz al lado de los ya señalados opositores al gasoducto. Los primeros quieren demostrar que hubo corrupción Barata/Humala, en la licitación. ¿Por qué? Porque si Barata, a sabiendas, mintió al no incluir al GSP en los cuatros casos del Acuerdo de Colaboración Eficaz, esa mentira sería la pistola humeante que derribe al Acuerdo.

Para terminar: si no hay gasoducto al sur no habrá masificación del gas domiciliario ni vehicular ni industrial. La “masificación a puchos” de este gobierno es un fracaso. La política energética boliviana aparece como un ejemplo porque prioriza las necesidades de su pueblo por encima del agio y la ganancia. 

El gasoducto al sur (hay reservas suficientes del Lote 58 y una importante demanda en el sur, comenzando por las centrales eléctricas y la petroquímica) y la integración energética con Bolivia son concurrentes y no excluyentes. Para eso, debemos decidir sobre el destino de la molécula del gas. Hacia allá vamos. 


1) Para ensuciar más al gsp, los opositores dicen que los tubos están sobre-dimensionados, o sea: “no los compren, bótenlos”.