Arequipa: Southern y los humos en el valle de Tambo

Pasivo. Desde la década del 60, la fundición de Ilo lanzaba toneladas de dióxido de azufre al ambiente contaminando los valles de Ilo y Tambo. La minera solo indemnizó a los agricultores de Ilo y nunca a los de Tambo. En ese reclamo, es visible Carlos Guillén Carrera, un agricultor asesinado en circunstancias extrañas.

La República
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Por: Juan Carlos Soto

“Sí pues, tu padre se metió con gente de mucho poder y mucho dinero…”, fue lo único que le dijo el expresidente Alberto Fujimori a Carlos Guillén Velásquez. Luego, le cambió de tema. Guillén es un empresario exportador de aceite de oliva. En una mañana de mayo de 2017, nos ha recibido en las oficinas de su empresa en la ciudad de Tacna para contarnos su verdad. Pasaron casi 15 años del crimen de su padre, Carlos Guillén Carrera, y aún la familia no encontró respuesta, menos justicia.

Guillén Carrera era un ingeniero agrónomo, dueño de tierras en el valle de Tambo, en la provincia arequipeña de Islay, quien emprendió una batalla contra Southern Perú. En la década de los ochenta, en fueros judiciales y en forma pública, la sindicó de contaminar sus cultivos con los humos provenientes de la Fundición de Ilo, que viajaban hasta el valle arequipeño arrastrados por los vientos.

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l sábado 2 de octubre de 1998, Guillén retornaba a su casa en el distrito de Cayma, ciudad de Arequipa, luego de una reunión social. Cuando descendía de su camioneta, tres sujetos lo interceptaron y le dispararon. En la versión policial, el móvil del asesinato fue rapto y robo. Sin embargo, la familia Guillén rechaza esta tesis. “Si lo hubiesen querido secuestrar, ¿tres tipos no pudieron someter a una persona de 65 años?”, pregunta Guillén hijo. Lo del robo tampoco es creíble. La víctima tenía una buena cantidad dinero en los bolsillos y la camioneta que conducía era nueva. Los delincuentes no tocaron ese botín. 

¿Entonces, cuál era el objetivo del crimen? Guillén hijo sospecha de Southern, pero también del gobierno autoritario de Fujimori que tomó partido por la minera. Eso lo prueba la declaración de la fiscal de Mollendo, Lourdes Rejas Mejía, quien debía resolver una denuncia ambiental de Guillén contra Southern. Según Rejas, recibió presiones de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, para que archive el caso, la amenazó con destituirla y le preguntó si quería plata. Había presiones del Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores. Colán era afín al fujimorismo. Cuando ocurrió el crimen, Southern tenía como accionista mayoritario a Asarco (Estados Unidos). Al año siguiente, Grupo México absorbió esa participación y tomó el control.

Carlos Guillén Velásquez, en vísperas de las elecciones de 2011, aceptó colaborar en la campaña política de Keiko Fujimori, pero con otro objetivo. Quería llegar a Fujimori, en ese entonces preso en el fundo Barbadillo, para preguntarle por el asesinato de su progenitor. Se reunió con Fujimori y solo pudo arrancarle esa declaración. La República se contactó con funcionarios actuales de la empresa para conocer algún comentario sobre estos señalamientos, mas evitaron hacer comentarios. Solo agregaron que los hechos ocurrieron en la gestión norteamericana.

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Conflicto de casi 60 años

El caso de Carlos Guillén explica las relaciones conflictivas de Southern con los agricultores del valle de Tambo. Por eso, la gente ahora no quiere a Tía María, sostiene Guillén Velásquez. Este proyecto prevé la explotación de dos tajos de cobre en el desierto costero a menos de tres kilómetros del valle en mención. Hace más de una década que la inversión no prospera debido a la desconfianza de los agricultores. Suspicacia sembrada no solo en el temor a una posible contaminación ambiental, sino también abonada por el resentimiento.

Después de los episodios de violencia de los últimos años, que dejaron cinco muertos, la ONG Labor hizo un estudio para explorar el estado de ánimo de los tambeños y "el pasado" era un componente de la oposición. Incluso funcionarios de la compañía admitieron ello. "Southern tiene un pasivo feo que pagar en el valle por los humos”, confesó Julio Morriberón Rosas, exvocero del proyecto, en una entrevista con este medio.

El conflicto hunde sus raíces históricas en 1960. En ese año, a 60 kilómetros del valle de Tambo, la compañía inauguró un complejo para fundir el cobre de la mina de Toquepala; luego, lo ampliaría para recibir el mineral de Cuajone. Un informe de Contraloría General de la República, emitido en junio de 1990, estima que esta planta lanzaba por cuatro chimeneas 1500 toneladas de dióxido de azufre (SO2) y 100 toneladas de material particulado a diario. Esas emisiones contaminaban los valles agrícolas de Ilo, Moquegua y Tambo. Sin embargo, la minera negaba el problema con argumentos poco convincentes, al menos para Tambo.

En febrero de 1965, el agricultor Carlos Bustamante Llosa recibió una respuesta de la compañía a su carta de queja. En ella desmentía la contaminación.  Sostenía que la fundición solo emitía vapor de agua y gas invisible. Arturo Lira Cancher fue uno de los propietarios de los ingenios azucareros de Tambo. En esa época, el ambiente era eclipsado por una extraña niebla amarillenta. Los cañaverales perdieron dulzura. Entre sus trabajadores corrió la versión descabellada de un volcán que emergía del Océano Pacífico. Lira era aficionado a la aviación. Alzó vuelo en su avioneta para descubrir esa supuesta cumbre de fuego. La estela de una fumarola lo condujo en dirección a Ilo. No encontró un cráter, sino las chimeneas humeantes del complejo metalúrgico.

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Desidia del Gobierno

Ante las denuncias, el Gobierno ordenó la conformación de una comisión de alto nivel para determinar los daños en los valles afectados por los humos de Southern. En 1967, el gobierno de Fernando Belaúnde promulgó la Ley 16583. Ordenaba a la minera eliminar sus gases tóxicos en seis meses de plazo. También, se dispusieron dos subcomisiones, una para el valle de Ilo y otra para Tambo. Su misión, estimar los daños y el pago indemnizatorio respectivo a los agricultores afectados. La comisión, integrada por funcionarios estatales, solo funcionó para Ilo. La de Tambo nunca se conformó por diversas razones.

Héctor Villegas es un abogado nacido en una familia de agricultores de la Punta de Bombón (Islay). Su padre criaba ganado. Lo vendió por falta de forraje. Los humos sulfurosos le quemaban la alfalfa. Después de egresar de la facultad de Derecho de la Universidad de San Agustín, Villegas partió a Ilo, donde trabajó en la municipalidad provincial, cuyo alcalde Julio Díaz Palacios articuló todo un movimiento social para enfrentar los daños ambientales de Southern. Villegas formó parte de esta iniciativa. Según él, la contaminación dañaba más a Tambo que a Ilo por la tendencia de los vientos que iban de sur a norte. No se quiso indemnizarlos porque en el valle arequipeño había más hectáreas que en Ilo.

El informe de Contraloría revela la desidia de funcionarios del Estado frente al problema. La minera tenía la obligación de instalar equipos para controlar sus emisiones, tal como lo ordenaba el Reglamento de Seguridad e Higiene de Industria Minera. Corrigió la falencia 47 años después. La gestión mexicana modernizó su complejo metalúrgico con una planta para capturar los humos e industrializarlos en ácido sulfúrico.

Las pesquisas del órgano contralor confirmaron que la fundición operó nueve años sin licencia oficial. El jefe de la División de Minera, José Balta, sostiene que las emisiones eran vapor de agua y su efecto dañino en los cultivos mínimo, el mismo argumento de la minera. Los humos debían contrarrestarse con la planta de ácido sulfúrico. Cuando la Contraloría pide explicaciones al director de Concesiones y Fiscalización Minera, Wilfredo Huaita, sobre el incumplimiento, la respuesta es increíble. Dicho funcionario dijo que no había mercado para colocar el ácido sulfúrico, reconoce el daño a la agricultura de Ilo; sin embargo, a estos se les indemniza “porque sería lamentable paralizar la producción de cobre”.

En Tambo no hubo indemnización aparentemente por "falta de estudios" que confirmen el daño. Tampoco se instaló la comisión para verificar los perjuicios. Después de marchas y contramarchas, desde enero de 1973 y por 24 meses, se hizo un monitoreo. El resultado, una concentración de dióxido de azufre en cantidades que no eran tóxicas para los cultivos. Sin embargo, Contraloría  objetó los resultados. Dijo que en el promedio se consideró diciembre de 1973, ese mes la fundición dejó de funcionar por la huelga de los trabajadores y tampoco se estaba procesando el mineral de Cuajone, que entraría en operación recién dos años después.

Los agricultores continuaron quejándose, advertían de que el ingreso de humo les necrosaban plantaciones de olivo, zapallo y forrajes. En cambio, para el Estado y Southern, la baja productividad de los campos se debía al exceso de boro en las aguas de regadío y plagas. En 1986, el Ingemmet hizo un estudio que advierte presencia de SO2 por encima de lo recomendable en La Ensenada, Mejía, Mollendo, La Punta y Pampas Nuevas. No se tomó en cuenta.

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