Sustentan 6 documentos en juicio contra exfuncionario de Susana Villarán

La República
16 M05 2019 | 09:15h

Ministerio Público fundamentó con cartas entre la concesionaria LAMSAC y el sentenciado Domingo Arzubialde, exfuncionario de Susana Villarán, ampliación de pena por irregularidades en ajuste de tarifa de peajes en caso Línea Amarilla

Las gestiones de Susana Villarán y Luis Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima quedaron marcados por el proyecto Línea Amarilla. Bajo la lupa de las investigaciones fiscales, el Ministerio Público presentó este jueves seis documentos que aportan a su posición de incrementar la pena de cárcel para Domingo Arzubialde, exfuncionario de la ahora presidiaria exalcaldesa. 

El último 20 de febrero, Arzubialde fue condenado a 4 años de prisión suspendida y el pago de S/100 mil de reparación civil por el delito de negociación incompatible. El centro del asunto era el reajuste de tarifas de peajes hecho en la Línea Amarilla por parte de OAS, mediante la concesionaria LAMSAC, ocasionando un perjuicio de más de S/17 millones al Estado entre 2013 y 2015. 

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Ni la Fiscalía, Procuraduría ad hoc ni el mismo imputado estuvieron de acuerdo con la sentencia, por lo que todos apelaron. Así, el fiscal César Zanabria sustentó por la mañana ante la Sala Penal Anticorrupción documentos que prueban la responsabilidad del exfuncionario, siguiendo el juicio en esta segunda instancia.

En este sentido, el MOF de la Municipalidad Metropolitana de Lima, según el representante del Ministerio Público, "demuestra la vinculación funcional con el contrato de LAMSAC". De acuerdo con los numerales 1 y 7 de este apartado edil, fue Arzubialde quien tenía el control y monitoreo de este tipo de contratos, no un subgerente a su cargo. 

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Cartas

Cuatro misivas entre la concesionaria de OAS y la oficina de Arzubialde conformaron también el paquete de documentos que fueron sustentados en la audiencia. La primera, de código 169-2012 de diciembre de ese año, da cuenta de que LAMSAC le informó al despacho de Gerencia de Inversión Privada que la obra se realizaría en soles y que "Arzubialde sabía que habría un reajuste del peaje en soles". 

En la carta 145-2013, de agosto de ese período, LAMSAC comunica al Municipio de un pedido para reajuste del peaje. Para la Procuraduría ad hoc, ello fue una muestra de que "el cálculo de pago (de los usuarios) fue unilateral", atendiendo la claúsula 9.9. del contrato de concesión que se hizo en noviembre del 2009. En el documento enviado, la concesionaria propone variar el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

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De esta manera, el 29 de agosto de ese año, el despacho de Arzubialde respondió solicitando los documentos que motivaron la decisión de OAS vía su concesionaria sobre el reajuste en la carta 774-2013.

Es en la misiva 154-2013, sin embargo, que la Procuraduría advirtió que LAMSAC, además de "hacer una argumentación sin documentos técnicos", da detalles sobre el cambio de tarifa cuando ya había pasado el plazo de "refinanciamiento", es decir, cuando se cambió la fuente de dinero de OAS Investment Ltd. en 2010 a Citibank, en 2012.

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Estas irregularidades vulneraron la claúsula 3.9 del contrato firmado (último documento presentado por la Fiscalía), pues esta información debió ser entregada a la MML en 2010, no en 2012. Ello pudo motivar, además, la caducidad de la concesión por disposición de lo que allí estaba escrito. En este punto coincidieron Fiscalía y Procuraduría. Pese a ello, el reajuste de peajes continuó. 

Organización criminal

De acuerdo con el requerimiento de prisión preventiva contra Susana Villarán y otros funcionarios de su gestión durante el periodo 2011-2014, Domingo Arzubialde figura como miembro de esta asociación ilícita. 

Así, el condenado es definido por el fiscal Carlos Puma Quispe como el "encargado de ver todo lo relacionado con los contratos de concesión y adendas vinculadas a las concesiones como Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS". 

df

Además, en una audiencia pasada, Arzubialde acotó que José Miguel Castro, exgerente general de la MML, "no hizo ninguna observación al reajuste de tarifas" que se aprobó finalmente. Cabe indicar también que la adenda al contrato de concesión con LAMSAC, firmada por el exgerente de Inversión Privada en febrero del 2013, fue realizada poco después de que Castro haya solicitado dinero ilícito para la campaña contra la revocatoria. 

La pena que solicita la Fiscalía en su apelación contra Domingo Arzubialde es de 4 años y 4 meses de prisión, y será el próximo 22 de mayo la audiencia en la que la Procuraduría presentará 9 documentos más, mientras que la defensa de Arzubialde sustentará 3. Sala de Apelaciones tiene previsto los alegatos finales para esta sesión.