Lava Jato: Piden anular peajes adjudicados a OAS y Odebrecht

La República
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Línea Amarilla y Rutas de Lima

El gran negocio. Gestiones municipales de Luis Castañeda y Susana Villarán otorgaron concesiones de más de 30 años para Rutas de Lima y Línea Amarilla, adjudicadas a OAS y Odebrecht, respectivamente. Estos proyectos tienen ingresos que superan los S/ 25 millones mensuales por el cobro de peajes en la capital.

La investigación fiscal considera que las concesiones a OAS y Odebrecht se originaron a través de un presunto favorecimiento en las gestiones de los exalcaldes Luis Castañeda y Susana Villarán.

La continuidad de estos contratos está nuevamente en la mira de la clase política. Sobre todo porque se sustenta en que el monto que recibieron las campañas electorales de Villarán sería de US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 7 millones de OAS para que ambas constructoras se beneficien en los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla.

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No obstante, en caso de Línea Amarilla las pesquisas del Ministerio Público (MP) apuntan a ambos exburgomaestres. El 26 de junio del 2009, la gestión de Castañeda declaró de interés público la concesión de este proyecto. El 12 de noviembre de ese año se firmó la concesión, con OAS a la cabeza, por 30 años. Y luego, el 13 de febrero del 2013, en la gestión de Villarán, en medio de la campaña contra la revocatoria, se extendió el contrato por una década.

De acuerdo al requerimiento de prisión preventiva del fiscal Carlos Puma, la ampliación se efectuó luego que el exgerente municipal de Lima José Miguel Castro solicitó dinero para el NO a la Revocatoria. La firma del contrato la hicieron Andre Giavina Bianchi, como gerente de Lamsac (donde estuvo OAS), y Wu Yong Le, entonces apoderado de la concesionaria. Por la comuna limeña suscribió el exgerente de Promoción de la Inversión Privada Domingo Arzubialde.

Arzubialde fue sentenciado el 8 de febrero por la Corte Superior de Crimen Organizado a cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible y una reparación civil de S/ 100 mil. La jueza Nayko Techy consideró que el exfuncionario edil reajustó los peajes a favor de Lamsac. Trascendió que el fallo fue apelado.

Según la tesis del fiscal Puma, Arzubialde fue un elemento importante en la gestión de la exlíder de Fuerza Social: "ya habiéndose rodeado, Villarán de la Puente, en las principales gerencias –como lo son la municipal y la de inversión privada– de personal de confianza, habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña”.

Después de estallar Lava Jato, la entonces operadora de Línea Amarilla, Invepar, que tenía a OAS como accionista en un 25%, vendió el 100% de las acciones al grupo francés Vinci. En este tramo, actualmente, los peajes abarcan el 70% del negocio de este rubro en Lima y su contrato recién vence el 2049.

En caso de Luis Castañeda, cuando retornó a la comuna el 2015 como alcalde, contrató como Gerente de Promoción de la Inversión Privada a Giselle Zegarra.

Al año siguiente, IDL Reporteros difundió unos mensajes entre Zegarra y el expresidente de OAS Léo Pinheiro, en los que negociaban no firmar el contrato del proyecto Río Verde elaborado en la gestión de Villarán.

En su lugar crearon un fideicomiso de US$ 74.5 millones para construir el “By – pass de 28 de Julio”.

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Rutas de Lima

Mientras que en Rutas de Lima, sostiene el MP, la concesión se aprobó sin opinión previa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), evitando así que se advierta sobre irregularidades detectadas. Cabe precisar que el artículo 9.3 del Decreto Legislativo N° 1012 señala que el diseño final de un contrato de Asociación Público–Privada requiere la opinión favorable del MEF. Pero en caso de la gestión de Villarán se omitió ello.

El contrato se suscribió el 9 de enero del 2013, meses antes que Villarán le gane a la revocatoria, otorgando a Odebrecht 30 años de concesión, y luego del pedido de dinero de Castro a los brasileños. Por eso la fiscalía enfatiza que esta adenda se firmó por pedido de la exalcaldesa y su presunto brazo derecho, José Miguel Castro. En aquella suscripción de la concesión estuvieron el exgerente Arzubialde y, por Rutas de Lima, Guilherme Borges de Queiroz y Raúl Ribeiro.

En los cinco primeros años, Rutas de Lima recaudó S/ 971 millones en peajes. El 24 de junio del 2016, Odebrecht vendió el 57% de su participación en este proyecto al fondo canadiense Brookfield Asset Managment. Con ello, la repartición de acciones quedó así: Brookfield 57%, Odebrecht 25% y Sigm SAFI con 18%. En marzo del 2017 trascendió que la firma canadiense iba a comprar el 25% de acciones de Odebrecht, pero al final no se ejecutó.

Descargo y peajes

Al cierre de esta nota, Vinci Highways respondió que el proceso de concesión se dio “sin cuestionamiento alguno” en el 2009. Por otro lado, reafirmaron que cumplirán con el contrato. Por su parte, Rutas de Lima rechazó que Odebrecht tenga injerencia en la dirección del proyecto.

Independientemente de dichas reacciones y las investigaciones que afrontan Villarán y Castañeda por estas concesiones, ayer la crítica de la clase política fue al costo de los peajes. Los excandidatos a la Municipalidad de Lima Alberto Beingolea, del PPC, y Manuel Velarde exigieron al Concejo Metropolitano, dirigido por el alcalde Jorge Muñoz, anular los contratos de concesión.

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Beingolea recomendó que la administración de Línea Amarilla y Rutas de Lima sean realizadas por Emape.

Sin embargo, en el marco de un proceso de colaboración eficaz de Odebrecht y OAS, contratos suscritos entre el Estado y los privados, y una evidente posibilidad de que en el peor de los casos esto se revuelva en un abitraje, tales demandas parecen difícil de cumplirse. 

Muñoz: “Los peajes de la corrupción no van”

- El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, convocó para el próximo lunes una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano, instancia donde se debatirá la posibilidad de anular los contratos de concesión de Línea Amarilla y Rutas de Lima. A solicitud suya, la sesión será reservada porque en ella se discutirá la "estrategia legal" de la comuna.

- A través de su cuenta de Twitter, Muñoz aseguró ayer que "los contratos y los peajes de la corrupción no van". Sin embargo, por la tarde, durante una sesión ordinaria del concejo fue más cauto y dijo que aún no ha adelantado opinión sobre este tema.

Como antesala del debate del lunes, la mayoría de los concejales se pronunció a favor de invalidar ambas concesiones, dados los indicios de corrupción en su entrega y en las adendas firmadas durante la gestión de Susana Villarán.

Algunos regidores, entre ellos Jorge Valdez, de Somos Perú, pidieron que los contratos se anulen de "forma inmediata", sin considerar que ello podría ocasionar que el municipio tenga que pagar millonarias compensaciones.

Los regidores oficialistas de Acción Popular, liderados por Ian Guimaray, pidieron "prudencia" para encontrar el mecanismo legal más adecuado para dejar sin efecto los contratos.

Los vecinos de Lima Norte anunciaron protestas para la próxima semana.

Peajes ilícitos y caso Arzubialde

De Silvana Carrión Ordinola, Procuradora Pública Adjunta Ad Hoc:

Las concesiones Rutas de Lima y Línea Amarilla tienen abiertas diferentes investigaciones en las que se indagan posibles actos de corrupción vinculados a los peajes. Cada uno de estos procesos tiene sus propios tiempos y plazos legales para poder presentar una pretensión de reparación civil y pruebas que acrediten el perjuicio a los ciudadanos y al Estado.

Un caso que cobra importancia en este contexto es el que se viene siguiendo contra el señor Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML en la gestión de Susana Villarán, quien autorizó la aplicación irregular de la fórmula de reajuste de peaje. Debido a este accionar ilegal de Arzubialde, Lamsac viene aplicando irregularmente los aumentos en las tarifas de peaje desde el 5 de octubre de 2013.

El Poder Judicial ha condenado en primera instancia a Arzubialde por el delito de negociación incompatible, al haber favorecido a la empresa con este accionar, y le impuso una condena de 4 años de prisión suspendida y el pago de S/ 100 mil de reparación civil. La Procuraduría del caso Lava Jato ha apelado esta decisión pues estima que la indebida aplicación de la fórmula que reajusta el peaje ha generado un daño equivalente a S/ 17 millones aproximadamente, por el periodo comprendido entre octubre de 2013 y enero de 2015.

De anularse la sentencia, se realizaría un nuevo juicio en el que se evaluarán nuevamente todas las pruebas que sustentan el perjuicio a los usuarios y al Estado, mientras que en paralelo se resuelve un recurso de casación en la Corte Suprema en el que se decidirá si se incorpora a la empresa Lamsac como tercero civil responsable en el proceso. De resolverse esta casación a favor de la Procuraduría, Lamsac asumiría de manera solidaria junto a Arzubialde el pago de la reparación civil que se imponga en el nuevo juicio.

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