Prevenciones

Mirko Lauer
15 05 2019 | 00:12h

La eficacia de los fiscales anticorrupción no está en duda.

La discrepancia con la manera como se viene utilizando una prisión preventiva de tres años ha llegado hasta José Luis Lecaros, presidente del Poder Judicial. Es una opinión que pesa, pues son los jueces quienes en cada uno de los casos deciden sobre la conveniencia de aplicar esta modalidad de prisión, y por cuánto tiempo.

Las dudas no son nuevas. Vienen desde los primeros encarcelamientos, y en términos generales han estado por encima del partidismo político.

Como era previsible, el fiscal más prominente en estos días les ha salido al paso a las críticas. José Domingo Pérez estima que ellas se deben a que su equipo está avanzando. También opina que la prisión preventiva está funcionando. Dos argumentos que no son nuevos, y que para los discrepantes no tocan realmente el fondo de la cuestión.

Los argumentos establecidos para aplicar la medida son el peligro de fuga o el de obstrucción de la investigación. Pero estos no necesariamente se dan en todos los casos, y en varios no están demostrados, con lo cual se aplica la prisión preventiva en base a la suposición de problemas que podrían llegar a producirse.  

La eficacia de los fiscales anticorrupción no está en duda. Lo que está en discusión es la necesidad de un encarcelamiento tan largo en una etapa esencialmente preliminar del proceso. En muchos casos tres años de cárcel antes de la investigación, la acusación o la sentencia desafía a la lógica. Como dice Lecaros, se presta al exceso, y debería ser regulado.

Para los fiscales la aceptación judicial del pedido de tres años funciona como una suerte de triunfo adelantado. A primera vista confirma su punto de vista, proyecta celeridad, transmite al público la sensación de que su trabajo ya está hecho. Como si el establecimiento de una culpabilidad fehaciente del investigado ya se hubiera producido.

En este sentido el llamado de atención de Lecaros no es tanto a los fiscales, sino a los jueces, en cuyas manos está la decisión sobre si hay o no prisión preventiva, y de haberla, cuánto puede durar, y en qué condiciones. Un tema de regulación de la norma, pero también de ejercicio del criterio frente a las personas sometidas a su fuero.