Se reaviva conflicto entre OEFA y Sociedad de Minería

La República
10 M05 2019 | 21:00h

Discordia. La SNMPE hizo suyo el pedido de empresas Cerro Verde y Perubar para no pagar aporte por regulación.

Ante el inminente fallo del Tribunal Constitucional sobre el reclamo de las mineras Cerro Verde y Perubar respecto al aporte por regulación, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) han iniciado una suerte de enfrentamiento de posturas.

La presidenta del consejo directivo de OEFA, Tessy Torres, afirma que las competencias de este organismo fiscalizador se sostienen en un marco legal, como el que establece un límite para dicho aporte, que es de 1%.

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En cuanto a la demanda de agravio constitucional presentada por las dos empresas mineras, Tessy Torres es enfática: "Es simple: hay un organismo que tenía la función (Osinergmin) y al transferirse esa función, la forma como sustentaba esa función pasa al organismo (OEFA)que asume la competencia. Por otro lado, cómo eludir lo que ya ha sido cosa juzgada en la Corte Suprema", señala.

Luego explica que en minería e hidrocarburos existe el concepto 'internalización de costos', que está concebido para este tipo de actividades donde el riesgo es tan alto que la empresa tiene que asumir el costo de la tarea de fiscalización que tendrá el Estado.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor, manifiesta que las empresas tienen una posición favorable respecto del rol que desempeña OEFA, sin embargo, cuestionan la naturaleza del cobro que se realiza por el concepto de fiscalización ambiental.

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"Como en cualquier servicio público, lo que corresponde es pagar los costos de la labor que se ejecuta. En consecuencia, no podría estimarse ese porcentaje del total de las ventas de la empresa. Ese es el único punto que está en discusión y que de inmediato deberá tomar una decisión el Tribunal Constitucional. No existe resistencia a la supervisión que realiza OEFA", anota.

En tanto, en el Tribunal Constitucional se supo que el magistrado José Sardón, quien debe redactar la ponencia a discutirse y votarse, vuelve este fin de semana de las vacaciones que tomó por diez días. 

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Defensoría también se pronuncia

Al respecto, la Defensoría del Pueblo resalta la importancia de la fiscalización ambiental para la protección del derecho a tener un ambiente sano.

Indica que OEFA debe tener capacidad técnica, autonomía y sostenibilidad presupuestal que le permitan una eficiente labor. Para ello las empresas deben asumir los costos de la fiscalización.

Recuerda que de perder el 74% de su presupuesto, generado por aportaciones, OEFA no podría realizar las 7.800 acciones programadas para este año.