Caso de Javier Velásquez se decide la semana que viene

La República
3 05 2019 | 21:00h

En Lambayeque. El fiscal de crimen organizado, Juan Carrasco, sustentó el petitorio de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para anular la resolución por la cual al congresista le asiste el derecho al antejuicio político, en el marco de las investigaciones por su presunta relación con Edwin Oviedo.

A mediados de la próxima semana se resolverá el pedido de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se anule la resolución que declaró fundada una cuestión previa presentada por el congresista del Partido Aprista Javier Velásquez Quesquén, según la cual le asiste el derecho del antejuicio político en la investigación que se le sigue por su presunta relación con el empresario Edwin Oviedo en el caso conocido como 'Los Wachiturros de Tumán' .

Lo que está en discusión en estos momentos es si el representante aprista puede acogerse a la figura del antejuicio, un derecho constitucional que asiste a los legisladores.

Los hechos que se le atribuyen al parlamentario supuestamente ocurrieron antes de que concluyera su mandato correspondiente al periodo 2006-2011.

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El día jueves, ante el juez Carlos Chanamé, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, el fiscal de crimen organizado de Lambayeque, Juan Carrasco, señaló que la prerrogativa del antejuicio por los hechos imputados le asistía a Velásquez Quesquén solo hasta el periodo 2011-2016.

Es decir, que el antejuicio para el periodo 2006-2011 caducó en julio de 2016.

Así, Velásquez Quesquén no podría acogerse a dicha figura, a pesar de que haya sido reelegido hasta el 2021.

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La decisión del juez debe conocerse en unos tres a cinco días hábiles.

En el mismo caso de 'Los Wachiturros de Tumán' también está implicada la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Marisol Espinoza. Ella también presentó un escrito, alegando que le asiste el derecho al antejuicio.

Se debe señalar que ambos legisladores, Velásquez Quesquén y Espinoza, han negado de manera reiterada los cargos por los cuales se les investigan.

Petitorio

En agosto del año pasado, el mismo Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria declaró fundadas las cuestiones previas de Velásquez Quesquén y Espinoza, en las cuales alegaban que las asistía el derecho constitucional al antejuicio.

Entonces, lo actuado se elevó a la Fiscalía de la Nación, que en ese entonces estaba liderada por el fiscal supremo, Pedro Gonzalo Chávarry.

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Este último asumió competencia y requirió los descargos respectivos, "a fin de realizar una adecuada calificación de los hechos", según se lee en su resolución del 21 de diciembre.

Sin embargo, el 4 de abril de este año, la fiscal Ávalos (quien reemplazó a Chávarry en el puesto) envió un petitorio al Octavo Juzgado para solicitar la nulidad de las resoluciones mediante los cuales se ampararon los recursos de los legisladores del APRA y APP.

El jueves solo se debatió el caso de Velásquez Quesquén.

“Los hechos imputados (a Velásquez Quesquén) datan del año 2011. Esto es en ejercicio congresal de julio de 2006 a julio de 2011. Entonces la prerrogativa del antejuicio político solo le asistía para delitos cometidos en ese período y hasta cinco años después”, expuso el fiscal Carrasco.

Y añadió: “En este caso (el antejuicio) habría caducado en julio de 2016, por lo que la fiscal de la Nación no es competente para conocer tales hechos”.

Debe decirse que entre las razones que expuso la fiscal Ávalos en su petitorio para solicitar la nulidad de las resoluciones favorables a Velásquez Quesquén y Espinoza está el hecho de que, ya en marzo de 2018, el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, advirtiera que la Fiscalía de la Nación no era competente en el caso porque el antejuicio para hechos ocurridos en el periodo 2006-2011 caducaba en el 2016.

En su petitorio Ávalos sostiene que, de acuerdo con la Fiscalía Provincial Corporativa especializada contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo, Velásquez "habría recibido dinero a cambio de propiciar la aprobación de leyes que ampliaban la protección patrimonial a la empresa agroindustrial Tumán y, por ende, favorecerían al grupo Oviedo". El legislador lo ha negado. En días se conocerá el camino que seguirá el proceso. 

"Llevo cuatro a cinco años investigado"

- En comunicación con La República, el congresista Javier Velásquez Quesquén señaló que por el caso de 'Los Wachiturros de Tumán' se le viene investigando por casi cinco años y que no hay "ni una sola prueba" en su contra.

- Dijo que en su caso ya había "cosa juzgada" cuando se decidió que lo actuado pasara a Lima. "Hay una abierta actitud de infracción constitucional de parte del fiscal (Carrasco). La cosa juzgada es un hecho constitucional", dijo.

- "Quiero que se me investigue. En Lima yo ya tengo una investigación abierta. Me pasan de Chiclayo a Lima y solo demoran todo porque no tienen pruebas, no resuelven el tema de fondo", dijo el legislador aprista.