Perú: Independencia judicial bajo ataque

Diego García Sayán
25 M04 2019 | 00:12h

"El poder ejecutivo se ha quedado en “off side”, dada su sobrevaloración de las encuestas". 

Mi condición de Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados me obliga a hablar sobre la gravedad de las actuales amenazas a la independencia judicial en el Perú. La independencia judicial está bajo ataque, no porque estemos ante un gobierno que se la quiera fagocitar. 

Cinco comentarios sobre la situación son indispensables.

1. En general, la independencia judicial puede ser afectada no sólo por el poder político. Lo hacen también la corrupción, el crimen organizado y manos que pueden acabar siendo convergentes o, al menos, instrumentales de la corrupción. Antes de cualquier “destape” judicial en el Perú, en mi informe ante la Asamblea General el 2017 advertí de ello como amenaza mundial. Prestar atención a esta amenaza era y es hoy un asunto prioritario; soslayarlo es complicidad o, en el mejor de los casos, ignorancia. 

2. Quienes siguen los procesos judiciales contra la corrupción en el mundo expresan su admiración y respeto por lo que vienen haciendo jueces y fiscales como Rafael Vela en el Perú. No sólo por actuar sin temor –y “con dientes”– ante poderosos de todos los pelajes, como no se ha hecho en ningún otro país de la región, sino por ser el primer caso emblemático de cooperación judicial internacional activa valiéndose de la fundamental Convención de la ONU contra la Corrupción, vigente desde el 2005. 

3. No son serias, ni tienen fundamento, las descalificaciones, in toto, de lo hecho por el sistema judicial contra la corrupción y es una barbaridad irresponsable hablar de “mafia judicial”. Cuestionamientos beligerantes a un sistema judicial que, con sus errores, le está “pisando la cola al tigre” de la corrupción es revelador de complicidades o, cuando menos, de cuestionables tolerancias. Pésima señal los pasos ofensivos en el Congreso para dictar lo que los jueces pueden o no decidir. 
Y ojo, recordar que en la reforma al código que hizo el gobierno de PPK en diciembre del 2016 para “la lucha contra la delincuencia y criminalidad organizada”, vía Decreto Legislativo 1307, la duración máxima de la preventiva se duplicó, a 36 meses. Es lo que se está aplicando.

4. Es perfectible, pero el sistema judicial en el Perú es independiente del poder político y los fiscales y jueces en los casos sobre corrupción vienen actuando dentro del ámbito de sus competencias. Quedaron atrás los tiempos de la pusilanimidad, “la voz del amo” que hacía y deshacía o el atropello a los derechos procesales. Las decisiones jurisdiccionales y de los fiscales pueden ser buenas. O discutibles. Pero no obedecen a instrucciones del poder político y están sujetas a recursos, como lo ha hecho César Nakazaki apelando en defensa de su patrocinado Kuczynski. 

5. El poder ejecutivo se ha quedado en “off side”, dada su sobrevaloración de las encuestas. Y ha renunciado a su deber constitucional de hacer docencia democrática. El gobierno ya había dejado pasar la oportunidad de fortalecer la independencia judicial cuando presentó los proyectos de reforma constitucional dejando intacta la cuestionada norma constitucional del fujimorato de las arbitrarias “ratificaciones” judiciales, norma que arremete contra un aspecto esencial de la independencia judicial: la estabilidad en la función. 
Si choca esa inacción, también lo hace que un jefe de Estado y su jefe del gabinete opinen recurrentemente, “como ciudadanos”, sobre asuntos judiciales en giro; tiene un tufillo de discutible injerencia. Por ejemplo, sobre el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, formulado laboriosamente por los fiscales cuando ya estaba sometido a fuego graneado por las redes de corrupción.