La sombra de una polémica

Mirko Lauer
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Los fiscales y jueces tienen la obligación de cuidar la gran aprobación que su trabajo viene teniendo entre la ciudadanía.

La prisión preventiva de Pedro Pablo Kuczynski influirá más en el debate sobre las prácticas de la anticorrupción que el suicidio de Alan García. Los reclamos sobre el trato al octogenario ex presidente no son maximalistas, no quieren patear tablero alguno, aluden a cuestiones prácticas y apelan al sentido común.

Todo esto se puede resumir en dos cuestiones: la edad del investigado, y lo poco comprensible que resulta para el público la idea de encarcelar antes de haber condenado. La suma de ambas cosas está entre lo que ha movido hasta al Presidente de la República a cuestionar la situación judicial de PPK.

A lo anterior se puede añadir el desagrado frente a logros muy iniciales que producen la impresión, en algunos incluso la ilusión, de ser resultados finales. Así se van entreverando los conceptos de preso, investigado, acusado y condenado, en una misma ensalada que empieza a tener mucho de competencia deportiva al filo de la política.

La explicación de fiscales y jueces se apoya en su propio argumento práctico: los investigados pueden entorpecer la investigación, e incluso fugar, y es indispensable atajarlos. Pero en los casos en que esos riesgos se dan, tienen que estar bien establecidos. Además hay más maneras de proteger la investigación que la cárcel.

A partir de lo anterior la fiscalía argumenta que las críticas a la prisión preventiva son intentos de descarrillar el esfuerzo anticorruptivo y de afectar la autonomía del sistema judicial. Por lo menos en el caso de PPK el argumento parece una exageración, y una invitación a la polémica, en un momento inconveniente.  

En su columna de ayer Ricardo Uceda ha trazado un derrotero convincente de los serios bemoles que enfrenta el súbito encarcelamiento de PPK. Es la descripción de un ejemplo individual, pero inevitablemente hace pensar en otras prisiones preventivas, las de ayer y las de mañana, y el panorama es preocupante.

Los fiscales y jueces tienen la obligación de cuidar la gran aprobación que su trabajo viene teniendo entre la ciudadanía. Una de las maneras de hacerlo es escuchando las voces de esa ciudadanía, que por cierto incluye a especialistas en temas penales. La justicia puede ser dura. Lo que no puede es prestarse a dudas.