Preservar la legitimidad 

Editorial
24 Apr. 2019 | 05:29h

Sobre el uso de las medidas de detención preventiva.

Desde diversos sectores se suceden críticas al uso excesivo de la prisión preventiva, relacionadas esencialmente a la que se dispuso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

El jefe del Estado, Martín Vizcarra, ha señalado que se está aplicando una medida excepcional en casi todos los casos, sugiriendo que se reflexione y evalúe si en los casos aplicados tienen realmente el carácter extraordinario. A su turno, se ha expresado el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, pidiéndole al Congreso que revise la normativa de la prisión preventiva para alinearla con las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de los años 2013 y 2017.

El Defensor del Pueblo fue más directo; ha indicado que las detenciones preliminares y prisiones preventivas deben evaluarse sobre una fundamentación robusta de pruebas y que la motivación, en el caso de un anciano –en alusión a PPK– tiene que ser mayor. A su entender, en relación con esta medida, se está desplegando un populismo legal –se entiende de algunos magistrados– que hace caer en la ilusión que estamos combatiendo los delitos de corrupción.

Lo primero que debe establecerse es que en la lucha contra la corrupción se han alcanzado avances gracias a la tenacidad y valentía de un grupo de magistrados que han librado una batalla para darles curso a investigaciones cuyas evidencias implican un juicio severo a buena parte del liderazgo político del país, y que en ese esfuerzo juegan un papel decisivo figuras que no deben ser satanizadas per se, como la colaboración eficaz, y las medidas de detención domiciliaria, provisional y preventiva.

No obstante, en el caso del expresidente Kuczynski, el juez Jorge Chávez Tamariz, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó 36 meses de prisión preventiva, considerando que existe peligro de fuga por su “falta de arraigo laboral y domiciliario”, un extraño razonamiento para una persona de 81 años. El juez también cree que la posibilidad de fuga se acredita “por su capacidad económica”, introduciendo un elemento extraño a toda jurisprudencia, es decir, la penalización a una persona solo por tener más dinero que otros.

La mejor defensa de la lucha contra la corrupción depende de la idoneidad de las decisiones de sus magistrados en mérito a una evaluación racional de los hechos. Al contrario, un riesgo de este proceso es la pérdida de legitimidad del gran esfuerzo del sistema judicial, a causa de decisiones precipitadas y contrarias al contenido material de la ley.