Reforma política evitaría elección de sentenciados

La República
15 04 2019 | 21:00h

Mayores requisitos. Dos proyectos de reforma política enviados por el Ejecutivo disponen que los condenados en primera instancia a más de cuatro años de prisión no participen en elecciones. Propuesta no sería del agrado del fujimorismo.

De las doce propuestas de reforma política presentadas por el Ejecutivo el 5 de abril, dos corresponden a modificar las exigencias para quienes aspiren a ser candidatos al Congreso, Parlamento Andino, municipalidades y gobiernos regionales. Se trata de los proyectos de ley Nº 4190 que reforma el artículo 34 de la Constitución sobre impedimentos para ser candidato y de la Nº 4191, que modifica la legislación electoral.

Estas iniciativas elaboradas por la Comisión de Reforma Política, liderada por el sociólogo Fernando Tuesta, plantean que los sentenciados en primera instancia a penas mayores de cuatro años queden impedidos de participar en elecciones.

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Debate

Los dos proyectos de reforma constitucional y electoral han despertado discrepancias en los integrantes de la Comisión de Constitución, presidida por la fujimorista Rosa Bartra.

La incógnita principal radica en que si estas normas atentarían o no contra la presunción de inocencia, teniendo en cuenta que un ciudadano condenado en primera instancia todavía puede ser considerado inocente en una sala superior.

Como se sabe, el fin de semana Bartra declaró que la reforma política impulsada por el Ejecutivo busca “debilitar” la democracia. En esa línea, su colega Lourdes Alcorta señaló ayer que no le gusta ninguno de los proyectos de las iniciativas legislativas impulsadas por el Ejecutivo. “Se está viendo mal, a patadas y pechando al Congreso, presionándolo. La presunción de inocencia debe prevalecer en todo momento”, expresó.

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Por su parte, el congresista de Nuevo Perú (NP) Alberto Quintanilla respondió que una persona es inocente hasta que la condena sea definitiva. “Tengo la duda porque, digamos, ¿qué pasa si en segunda instancia absuelven a la persona impedida de postular? Se va a discutir si es inconstitucional o no”, manifestó.

Una postura distinta tuvo el legislador de la Bancada Liberal Gino Costa, quien consideró que un condenado en primera instancia a un delito mayor de cuatro años no es apto para participar en un proceso electoral. “Una persona con esas combinaciones resulta no parecer idónea mientras no se aclare su situación judicial. Es posible establecer limitaciones a ciertos derechos y eso tiene una justificación”, manifestó.

Por su parte, el congresista del Apra Javier Velásquez Quesquén opinó que esta propuesta es factible si la persona tiene un proceso por delitos en agravio del Estado. “Por ejemplo, la colusión agravada y el crimen organizado. En esos casos, ¿podemos permitir que haya autoridades que lleguen a los cargos públicos para que los usen como mantos para ser investigados”, enfatizó.

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Aclaración

La abogada Milagros Campos, quien integró la Comisión de Reforma Política, explicó a este diario que estas dos iniciativas buscan que los procesos electorales tengan candidatos probos para que la población recupere la confianza en la clase política.

“Hay un alto porcentaje de candidatos que tiene proceso penales. Claro, una cosa es tener una investigación fiscal y otra tener una sentencia. La sentencia supone una investigación fiscal y una denuncia ante el Poder Judicial. Entonces, no estamos hablando de cualquier persona investigada. La idea acá no es restringir a la persona procesada, sino preferir una buena administración pública que es un derecho acuñado por el Tribunal Constitucional y el derecho de las personas a tener candidatos que al ser elegidos no tengan que distraer su tiempo en la defensa de su propio proceso”, manifestó.

En caso de la exposición de motivos del proyecto 4191, un punto relevante que recuerda la iniciativa es que en la primera elección regional del año pasado, según cifras de la Asociación Civil Transparencia, dos gobernadores electos se encontraban no habidos, ocho autoridades regionales electas eran investigadas, nueve candidatos que pasaron a segunda vuelta eran investigados por el Ministerio Público (MP) y siete aspirantes fueron sentenciados por diferentes delitos.

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“Por eso es importante buscar la idoneidad en la oferta de candidatos. El partido político tiene que ofrecer gente que haya sido elegida en democracia interna y que pueda prestar atención a quien haya postulado a algún cargo. En una sentencia en primera instancia, lo razonable es pedirle al aspirante que se dedique a cumplir su proceso judicial”, añadió Campos.

Requisitos

Además, la reforma política apunta a que los candidatos presenten declaraciones juradas con información de sus conflictos de intereses y procesos penales en trámite para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado. 

Apelaron a derecho internacional

- La propuesta de la Comisión de Reforma Política alega que según el “artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por el Perú, hace hincapié en que los Estados deben considerar la aprobación de normas orientadas a prevenir los conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios”. El objetivo es reducir la corrupción en el sector público. “Eso es el eje de la reforma”, dijo Milagros Campos.