Pilatos y Las Bambas

Diego García Sayán
11 Abr 2019 | 0:52 h

“Desde hace diez años el número de conflictos sociales se mantiene por encima de los 200 en simultáneo. Casi una constante. Esto llama, a gritos, a una política pública sobre la materia”.

Bueno que haya visos de que lo de Las Bambas llegue a su fin pero el telón de fondo, como en muchos otros conflictos mineros, es el de un Estado ausente. Se repitió lo que viene ocurriendo en varios proyectos de inversión minera en los últimos diez años: comunicación deficiente entre inversionista y población impactada y, especialmente, inacción y “zafada de cuerpo” por un Estado que abdica de su función en lavada de manos que evoca a Pilatos.

De manera sistemática -y reiterada- la autoridad ha entendido –erradamente- que el procesamiento de la relación entre el inversionista y la población de las zonas de influencia es un asunto “entre privados”. Y que prever la conflictividad es asunto que corresponde, esencialmente, a la empresa concernida. Así fue desde Cerro Quilish (Cajamarca) desde el 2001 y lo sigue siendo ahora.

Son varios los asuntos medulares entre los que destacan tres fundamentales.

Primero: los conflictos no son una anomalía que aparece episódicamente, son parte del “paisaje social”. Desde hace diez años el número de conflictos sociales se mantiene por encima de los 200 en simultáneo. Casi una constante. Esto llama, a gritos, a una política pública sobre la materia, pero lo que se ha encontrado es oídos sordos a lo largo de cuatro gobiernos sucesivos. 

Hay instituciones vinculadas al tema, pero con una ostensible falta de estrategia y capacidad de prevención. El Estado, en esencia, se reduce a una función reactiva y cortoplacista: “salir del problema” que aparece como un “accidente”. Y a ser resuelto como sea -por lo general, con acuerdos inviables en apuradas mesas de diálogo- y no como lo que es: un fenómeno social y político previsible. Omitiendo que esto ofrece oportunidades para mejorar las relaciones institucionales, políticas y sociales.

Segundo: las funciones de las dependencias públicas están segmentadas, compiten entre sí y carecen de una estrategia de prevención y seguimiento de los conflictos vinculados a la inversión extractiva. Desde el 2017 existe, dentro de la PCM, el Viceministerio de “Gobernanza Territorial del Perú”. En menos de dos años, han pasado por allí ya tres titulares –todos ellos personas calificadas- pero sigue siendo un espacio “sin dientes”, sin visión estratégica y sin fuerza para articular al Estado. Me tocó proponer en representación de la OEA el 2017 una idea para impulsar un sistema estatal de prevención de conflictos mineros cuando la PCM estaba a cargo de Fernando Zavala. Cero interés, como si la “película” la tuvieran clara. Lo que se necesita es contar con una política pública sustantiva –que no existe- y un “Sistema Integrado de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales”, de preferencia a través de una norma de rango de ley. Mientras tanto, el Viceministerio podría ser un espacio con más capacidad de articulación y prevención. 

Tercero: sucesivos gobiernos siguen sin entender que la “consulta previa” no es un asunto privado a ser manejado por las empresas con la población concernida. Todas las consultas deben ser previstas, conducidas y monitoreadas por el Estado en la ejecución de los acuerdos a los que se pudiera haber llegado. Como la ONPE hace con las elecciones municipales.

NOTA AL PIE: La condena a Pedro Salinas muestra que la independencia de una autoridad judicial puede ser mellada no solo por el Estado sino por una autoridad eclesial intolerante. La Sala de Apelaciones de Piura debería corregir esta barbaridad que crea el “delito de opinión”.