Iván Lanegra: “El Estado debe fijar condiciones básicas de convivencia y acompañar a las comunidades”

La República
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Iván Lanegra. Exviceministro de Interculturalidad, del Ministerio de Cultura. Profesor de la Especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue defensor adjunto para el Medio Ambiente y Pueblos Indígenas.

"El Estado ha actuado del lado del proyecto de inversión, que no es exactamente lo mismo que optar por la empresa, y lo ha hecho porque eso le significa renta, tributos, ingresos" 

Lanegra explica que las normas para agilizar las inversiones que dio el Estado en el 2013 favorecieron a la minera. Recomienda corregir los errores e impulsar un amplio plan de desarrollo para todo el corredor, pues de lo contrario seguirá abierta la posibilidad de más conflictos.

Las Bambas era presentada como ejemplo de acuerdo entre la minera y la población. ¿Por qué se llegó a este conflicto?

Son 15 años de proyecto, que empieza cuando se otorgó a Xtrata en una licitación y esta empresa plantea un modelo diferente a otros proyectos porque adelantaría recursos antes de iniciar la operación para atender demandas sociales de la zona y una forma de colaboración y trabajo conjunto con las comunidades para llegar a acuerdos que fueran mutuamente beneficiosos.

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¿Se avanzó con el modelo?

Bajo esas dos líneas, en el 2009 acuerdan el traslado de la comunidad de Fuerabamba y otras alrededor. El elemento que genera un cambio en las condiciones fue la venta de la mina, primero a Glencore (2013) y después a MMG (2014). Hay que recordar que se tenía pensado hacer el mineroducto para llevar los minerales. Pero para MMG eso ya no tenía sentido.

¿Y lo hicieron sin tomar en cuenta la consulta previa?

Ahí viene el tema. Gran parte del éxito del proyecto depende de la buena voluntad de la empresa, no de la regulación estatal, pues no fija un camino.

¿Cómo es posible?

En mayo del 2013 se introduce un mecanismo, que fue la primera medida que se decía era para agilizar las inversiones. Fue un decreto de la PCM que permitía usar un informe técnico sustentatorio (ITS) para hacer cambios en el proyecto, que se decía eran pequeños.

Con Ollanta Humala…

Sí, poco tiempo después de que salí del gobierno. Y el primer cambio que se planteó a través de ITS era la construcción de plantas de procesamiento, que en la práctica implicaba que ya no se iba a enviar el mineral y la pregunta era ¿qué mecanismo de transporte se iba a usar? Más adelante, cuando se plantean modificaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se hace explícita la necesidad de una carretera.

¿Pasando por encima de lo acordado con la comunidad?

Había mecanismos legales que le permitían de alguna manera evitar una discusión más amplia por esos cambios y lo usaron. Y esto generó conflictos.

Se entiende que los comuneros se sientan engañados...

Hay varios estudios que se han hecho sobre Fuerabamba. Todo el tema del traslado y la construcción de Nueva Fuerabamba se hizo con procesos de diálogo entre la empresa y la comunidad, que asumía que el principal componente social era el económico, es decir, que al satisfacer las necesidades de ubicación nueva, de vivienda y transferencia de dinero, se iba a evitar cualquier tipo de problema futuro. Pero, en realidad, tienes una comunidad muy pobre, que estaba en desventaja del resto de poblaciones de la zona, y de pronto tiene más acceso a recursos y a empleo, lo que genera nuevos conflictos con el resto de comunidades. Y al haber visto que la solución pasa por el tema económico, se generan expectativas en ese campo. Piensan que, si le dan dinero por algo, le darán por lo otro. Eso es lo que atrajo a los abogados que llegaron. Y todo eso con el Estado mirando desde atrás.

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Apoyando a la empresa...

Era un Estado que cuando la empresa le demandaba cosas, iban cediendo. Le decían 'quiero modificar de mineroducto a carretera', te lo doy; 'quiero pasar la carretera de nivel local a regional y después nacional', te lo doy. Entonces, el Estado aparecía satisfaciendo los requerimientos del proyecto.

Ya entonces había quejas, no son solo de ahora, ¿no?

En el 2015 fueron las protestas fuertes. El conflicto escala cuando deciden ponerle fin al mineroducto sin consulta. Y ahora Del Solar ha dado una declaración simbólica al decir que este es un problema entre privados y ellos decidirán porque el Estado no tiene mucho que ver. En realidad, es una confesión de que así lo percibe el Estado.

¿El Estado no debe regular este tema porque Fuerabamba es una comunidad que tiene derecho a la consulta previa?

Fuerabamba estaba en la propuesta de base de datos de comunidades nativas en el 2012, pero cuando se publicó ya no. Entiendo que fue porque dejó de existir al trasladarse a Nueva Fuerabamba. Y hasta donde sé, aún no le reconocen el carácter de tierra comunal porque se tiene que hacer un nuevo trámite.

Con la posición del Gobierno de que se trata de un asunto entre privados ¿qué perspectivas de solución hay?

Primero hay un indicador y es que cuando salen a decir que ya había un acuerdo cerrado luego de la reunión en Lima, implica un gran nivel de incomprensión de las prácticas comunitarias, porque el señor Gregorio Rojas estaba como vocero de la comunidad, pero no puede tomar decisiones de espaldas a ella. Y en lugar de decir que van a esperar a que vaya a la comunidad a explicar el tema, un sector dice que no se respetan los acuerdos, que los han engañado.

¿Qué se puede esperar de la reunión del jueves?

Hay que distinguir el caso puntual de la comunidad, en el que creo que hay buenas posibilidades de lograr un acuerdo, de las otras comunidades que hay a lo largo de carreteras que se van a usar por años. Y cuando haya más ingresos por renta y recursos por el canon se van a generar nuevas demandas. Si no se tiene un plan de desarrollo amplio que vaya más allá de la minera, seguirá abierta la posibilidad de que se generen otros conflictos.

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¿Qué mensaje debe llevar el premier a los comuneros?

Debe ir con una mirada en que el Estado no se queda detrás, sino fija condiciones básicas de convivencia y acompaña a las comunidades, que son ciudadanos. Si la comunidad sintiera que el Estado es un árbitro no hubiera entrado un tercero, como la Iglesia.

Pero ha optado por la empresa...

El Estado ha actuado del lado del proyecto de inversión, que no es exactamente lo mismo que optar por la empresa, y lo ha hecho porque eso le significa renta, tributos, ingresos.