Gobernador y alcalde de Tumbes la pasan mal en sus primeros cien días de gestión

Abraham Ibanez
8 04 2019 | 15:11h

Uno fue denunciado y presenta dos pedidos de prisión preventiva. La otra autoridad es cuestionada por la contaminación de la ciudad y designación de funcionarios de confianza.

El gobernador regional de Tumbes y el alcalde provincial de la ciudad transcurrieron sus primeros cien días de gestión, en medio de cuestionamientos, polémica e incertidumbre. En este periodo, las autoridades de la región siguen sin dar solución a los problemas sociales por la improvisación de la designación de funcionarios de confianza.

Carlos Jimy Silva Mena (alcalde) y Wilmer Dios Benítes (gobernador) contrataron a funcionarios que se encuentran investigados por casos de corrupción. A ello, la Contraloría General de La República los observó por designar funcionarios que no cumplen con el perfil profesional que se requiere en las áreas claves de la institución.

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En el caso del alcalde de Tumbes, Silva Mena, los problemas en las áreas de limpieza pública, comercialización y seguridad ciudadana siguen siendo un dolor de cabeza para la autoridad. El regidor Robert Dolmos Peña informó que con la nueva gestión se sigue observando en la ciudad basura, informalidad y delincuencia.

“Desde los primeros días, el alcalde mostró que no tiene la capacidad para hacer frente a los problemas de Tumbes. Es la primera municipalidad que tiene 27 funcionarios observados y que también presenta un caso de nepotismo”, dijo el regidor de minoría.

Por otro lado, el gobernador de Tumbes, Wilmer Dios Benites, afronta su primera denuncia por el ciudadano Héctor Raúl Sabogal Urteaga, quien lo denunció ante la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión de actos funcionales, colusión simple y aprovechamiento indebido del cargo.

En la actualidad, el candidato afronta dos pedidos de cárcel por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, uno que estipula una condena de 6 años y otra de 9 años, ambas por el delito de colusión.