Un Estado para Las Bambas

La República
31 Mar 2019 | 21:00 h

El Estado peruano no cuenta ni con el marco legal ni institucional para solucionar los conflictos sociales. Si seguimos creyendo que sí los tiene, cualquier “solución” será solo temporal.

¿Qué explica que los hermanos Chávez, a todas luces azuzadores y extorsionadores, sean considerados por las comunidades de Las Bambas como representantes válidos de sus intereses? ¿Cómo así lo que para nosotros en Lima son personajes que actúan al margen de la ley son legítimos para los comuneros? Esto es relevante porque evidencia la profundidad de la distancia entre los actores en conflicto, que es la variable fundamental de los conflictos sociales.

En el 2017 tuve la oportunidad de participar en las negociaciones de dos conflictos desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Uno de ellos el de Las Bambas, al que el actual presidente Vizcarra logró darle oxígeno con los compromisos asumidos con el Plan de Desarrollo. El otro, el caso Cuatro Cuencas, de Loreto. Las cuatro federaciones indígenas de cada cuenca llevaban esperando al menos un par de años el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. Sus pedidos tenían que ver con servicios públicos mínimos y con la remediación ambiental de la contaminación causada por la actividad petrolera.

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¿Cómo describir la forma en la que los representantes del gobierno central se dirigían a los pobladores de las cuatro cuencas respecto de sus solicitudes? Indolencia. Mecida. Falta de un mínimo de empatía. ¿La de ellos? Impotencia. Autocontrol para no perder los papeles. Sus asesores, antropólogos y sociólogos de Lima, presenciaban la escena casi con desesperación, y alertaban que las comunidades tendrían que levantarse inevitablemente si no regresaban con resultados concretos, que fue lo que efectivamente pasó. Sí, los Chávez son azuzadores y extorsionadores, pero ¿qué obtienen las comunidades cuando deciden comportarse civilizadamente y asesorarse por profesionales correctos? Muy poco.

¿Por qué caemos recurrentemente en el mismo problema? ¿Cómo así a pesar de que los grandes proyectos son importantes para la sostenibilidad de nuestro crecimiento económico, ningún gobierno ha logrado crear las condiciones sociales para su desarrollo?

El Estado peruano tiene al menos dos problemas de fondo. Uno es la incapacidad de cumplir con compromisos mínimos en materia de infraestructura básica y política social (postas de salud, escuelas, saneamiento, carreteras). Asimismo, no existe la capacidad de administrar dichos servicios en las zonas más alejadas del país. La limitación es tan crítica, que en el 2016 el Ministerio de Salud no tenía certeza de si los médicos que había asignado a las comunidades alrededor de Las Bambas y a quienes pagaba mensualmente, asistían o no a trabajar. Las comunidades y la empresa aseguraban que no.

El segundo problema es que no hay una visión conjunta ni planes de desarrollo alineados para las zonas de influencia alrededor de los grandes proyectos (tampoco para el país en realidad). Y los planes de desarrollo que se elaboran cuando explota un conflicto son listas de lavandería de proyectos a ejecutar. Diseñados desde Lima (o con esa visión), no cuentan siquiera con una buena aproximación a las potencialidades de dichos territorios, ni consideran aspectos sociales y culturales mínimos. Nueva Fuerabamba es un caso palpable de esta realidad. Uno podría señalar la responsabilidad de la empresa, acusándola de que no basta con destinar millones de dólares. Pero si queremos atacar los problemas de fondo, es el Estado quien debería tener la capacidad no solo para prever estas situaciones, sino para hacerse cargo del desarrollo territorial con un enfoque intercultural.

El drama “actual” es que el Estado peruano no cuenta ni con el marco legal ni institucional para solucionar estos problemas. En cuanto al primero, uno de los pasivos más grandes de la corrupción (que no ha sido cuantificado) es que para frenarla se ha creado un marco normativo que solo ha servido para hacerle la vida más difícil a quienes quieren hacer las cosas bien, además de atemorizar y frenar la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Porque como resulta evidente hoy, los corruptos siempre encontrarán la forma de sacarle la vuelta a las leyes o de evadir la justicia. Por ello, mientras la reforma del sistema de justicia se concreta (es la reforma más importante que necesita el país), resulta indispensable crear un marco legal e institucional que permita al Estado actuar con celeridad para la solución de determinados casos, como los conflictos sociales. Este marco especial podría servir, además, como una prueba piloto del Estado que necesitamos reconfigurar. Porque cada conflicto social es una encarnación de los problemas estructurales del Estado peruano. Y, en ese sentido, son a la vez una oportunidad para superar problemas largamente desatendidos.

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Pensemos en un ejemplo. Crear un ministerio de Infraestructura cuya función al inicio sea encargarse de solucionar las brechas existentes alrededor de los grandes proyectos de inversión. Para que luego, de a pocos, asuma las funciones actualmente dispersas en diferentes ministerios, pero manteniendo el marco legal y los procesos inicialmente concebidos. La idea de crear nuevas entidades públicas siempre genera resistencias. Pero esta es una que en el mediano plazo debería asumir las funciones esparcidas hoy en diferentes instituciones.

En paralelo deberíamos considerar al menos dos instituciones adicionales. Primero, recuperar el Consejo Nacional de Descentralización con una visión moderna (no la trasnochada de la era Toledo). Un representante del Ejecutivo con rango ministerial, presencia permanente en el Consejo de Ministros y con capacidad para mantener una atención y acción permanentes sobre el proceso de descentralización. Los GORE, espacios de articulación del Ejecutivo con los gobiernos regionales, han mostrado cumplir una función importante, que requiere ser llevada un paso más allá.

Finalmente, un Ministerio de Economía. El Estado peruano necesita una institución dedicada exclusivamente a pensar y ejecutar un proceso de desarrollo territorial. Y un ministro con la responsabilidad política de dirigir y responder por dicho proceso. Mientras Economía siga manteniendo el mismo espacio institucional de Hacienda, será básicamente un apéndice de este, y cualquier impulso de desarrollo económico será marginal. ¿Más burocracia? Tenemos que darnos cuenta de que los beneficios económicos pueden ser largamente superiores al costo que implican, para lo cual tal vez ayudaría estimar el costo de los conflictos sociales de la última década.

Más allá de cuáles sean las propuestas concretas a implementar, lo que queremos es llamar la atención de que, con el marco legal e institucional actual, seguiremos tropezando una y otra vez con la misma piedra. Para encontrar una salida, necesitamos pensar (un poco al menos) fuera de la caja (Chile tiene un ministerio de Economía independiente del de Hacienda). Si seguimos creyendo que el sector privado asumirá las responsabilidades que en cualquier sociedad moderna corresponden al Estado, ello no sucederá. Y si seguimos esperando que el marco legal y la estructura actual del Estado logren solucionar los problemas de fondo de cada conflicto social, cualquier “solución” será siempre temporal.