Un absurdo: “corrupción espiritual”

Diego García Sayán
28 M03 2019 | 00:59h

“Preocupa que en la ‘reforma judicial’ de la que se habla en el Perú, la independencia judicial no aparezca en la agenda del Ejecutivo ni del Legislativo”.

El primer zarpazo que da un régimen con vocación autoritaria suele ser a la independencia judicial. Por eso, resguardar la independencia judicial es –o debe ser– la médula, el ABC, de la defensa de la democracia; pues con ello se están garantizando los derechos de la gente a decisiones judiciales tomadas exclusivamente con arreglo a derecho.

En Venezuela la independencia judicial está bajo ataque desde hace años. Entre otras cosas –como en el Perú de los 90– a través de la provisionalidad de jueces y fiscales: 100% de los fiscales y 90% de los jueces lo son. Tienen estabilidad precaria y su remoción o traslado dependen de que hagan “buena letra” con el régimen.

Sin duda que está haciendo “buena letra” el juez que condenó en Caracas la semana pasada a la ex jueza María Lourdes Afiuni a cinco años de prisión por un delito –“corrupción espiritual”– que no existe en el Código Penal venezolano. Un claro ejemplo de un sistema en el que los “desafectos” –en este caso una jueza independiente– son los que sufren el “peso de la justicia”.

Las principales organizaciones de jueces y abogados del mundo ya se han pronunciado expresando su rechazo a esta arbitrariedad. Como Relator Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, también lo he hecho esta misma semana. 

El antecedente del caso es una libertad dispuesta el 2009 por la entonces jueza al banquero Eligio Cedeño quien ya estaba próximo a cumplir tres años detenido sin que comenzara el juicio. La ley venezolana establece que nadie puede estar detenido más de dos años sin sentencia. La jueza decidió en una audiencia otorgarle una medida sustitutiva a la prisión. Afiuni estaba cumpliendo la ley y también aplicando una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU

Ese mismo día empezó el infierno de Afiuni. Para la Fiscalía venezolana oficialista hubo irregularidades –nunca demostradas– en esa liberación. Los servicios de inteligencia detuvieron a Afiuni y su oficina fue allanada. Empezó un proceso penal plagado de irregularidades, violaciones al debido proceso y torturas mientras estuvo recluida; atropellos que incluyeron abusos sexuales. Los graves problemas de salud generados en Afiuni por las torturas sufridas hicieron que se le concediera el 2013 arresto domiciliario. 

En el juicio se evacuaron todas las pruebas que mostraban que no había ningún elemento para condenarla; el proceso fue interrumpido abruptamente. Es resultado del segundo juicio –que le siguió– la condena de la semana pasada después de mantener paralizado el juicio por más de un año. Empieza una batalla democrática más para dejar sin efecto la sentencia y que no vaya a la cárcel.

NOTA AL PIE: No es comparable; para nada. Pero preocupa que en la “reforma judicial” de la que se habla en el Perú, la independencia judicial no aparezca en la agenda del Ejecutivo ni del Legislativo. No sólo se mantuvo lo de las “ratificaciones” arbitrarias de la Constitución del 93, sino que se ampliaron. Peligroso.