Las campesinas, los violadores y el premier

Rocío Silva Santisteban
19 03 2019 | 01:08h

"Como sociedad debemos asumir y resolver esta situación para evitar que la espiral de violencia/impunidad se mantenga creciendo."

La semana pasada se inició nuevamente desde cero el juicio oral contra 14 militares acusados de violación sexual por nueve mujeres de las comunidades de Manta y Vilca en Huancavelica. La historia es simple: durante los años del conflicto armado interno que funcionó la base militar varias jóvenes de ambas comunidades fueron violadas, violentadas, humilladas y utilizadas como esclavas sexuales por los soldados, suboficiales y oficiales; algunas de ellas salieron embarazadas y sus hijos recibieron el estigma de ser “hijos de morocos” como se les denomina a los militares en la zona. 

Las víctimas les han pedido a los vocales del Colegiado A de la Corte Penal de Justicia que sus juicios sean públicos como una manera de resarcimiento de la sociedad ante una injusticia que tiene 30 años de impunidad. Recordemos que los juicios orales por casos de violación sexual se hacen en privado para proteger, precisamente, la identidad de las víctimas. Resulta que en este caso, son los mismos perpetradores que quieren un juicio privado para “evitar la vergüenza de sus familias”. 

¿El Estado peruano protege a los violadores?

Hasta el momento sí lo ha hecho. Ese es el motivo por el cual, a treinta años de estos delitos en que soldados que debieron proteger a las jóvenes campesinas, las violaron como parte de prácticas militares toleradas y hasta promovidas por sus superiores, siguen impunes. Si este juicio oral llegara a una sentencia condenatoria sería la segunda a nivel nacional. La anterior fue por la violación de una estudiante universitaria de La Cantuta, MMMB, en la que solo se sentenció a una persona por cuatro años y con sentencia suspendida. 

La impunidad fomenta la continuidad de la violencia 

No creo ser demasiado osada al sostener que la impunidad de los delitos de violación sexual de ayer se concreta hoy en índices estadísticos de vergüenza por violencia sexual. Como sociedad debemos asumir y resolver esta situación para evitar que la espiral de violencia/impunidad se mantenga creciendo. ¿Recuerdan dónde es que se golpeó y violentó a Arlette Contreras? ¡Sí, en Ayacucho! Con un historial de impunidad frente a este tipo de situaciones que viene desde que en 1981 siete sinchis violaron a Georgina Gamboa en Parcco, Vilcashuamán, y hoy siguen haciendo su vida mientras ella reclama justicia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Ojalá que el premier Salvador del Solar, que ha hecho una película sobre este tema (Magallanes) pueda proponer reparaciones justas y como parte de ellas un protocolo de “pedido de perdón” para resarcir a todas nuestras hermanas campesinas violadas en esos infaustos días de terror.