Jorge Ramírez: “La congresista Yeni Vilcatoma está desinformando a la ciudadanía”

La República
15 03 2019 | 21:00h

"El hecho de mantener informados a los ministros no quiere decir que ellos tengan injerencia en el ejercicio de mis funciones. Siempre he actuado autónomamente".

El procurador del caso Lava Jato explica que el monto por la reparación civil que cuestionan algunos congresistas se dio en el marco de la norma que aprobó el Parlamento el año pasado y su reglamento. Defiende la autonomía de su institución.

Usted dijo que la Procuraduría actuó con autonomía en el acuerdo con Odebrecht, pero mantuvo informado al ministro de Justicia, ¿de qué forma?

Los procuradores dependemos del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, cuyo presidente es el ministro de Justicia. En ese contexto, quien habla siempre ha mantenido informado a todos los ministros respecto a temas relacionados estrictamente a montos de reparación civil y fórmulas del cálculo.

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¿Necesitó su aprobación?

El hecho de mantener informados a los ministros no quiere decir que ellos tengan injerencia en el ejercicio de mis funciones. Siempre he actuado autónomamente. Nunca he recibido ni por parte de los exministros Marisol Pérez Tello, Enrique Mendoza y Salvador Heresi, ni ahora de Vicente Zeballos, alguna instrucción o directiva. Los he mantenido informados sobre la experiencia internacional en temas de reparación civil en este tipo de casos y la fórmula de cálculo bajo el Código Civil peruano, y en el contexto de la aprobación del reglamento de la Ley 30737 establecimos nuestras opiniones.

Varias preguntas del pliego de interpelación al ministro se refieren a la reparación civil y cómo se calculó, pues cuestionan los 610 millones de soles…

El Congreso emitió la Ley 30737, que se reglamentó a través de un decreto, y en consecuencia hay una política pública para el pago de reparación civil en casos de corrupción por empresas privadas. Ese es el marco de acción en que me he desenvuelvo. El monto de la reparación civil es el resultado de las fórmulas que están definidas en el reglamento, y se aplicaron al caso en concreto. Este es un monto legal.

¿Por qué le dieron 15 años de manera fraccionada?

Ese es un escenario que se ha dado a nivel regional. En Panamá, República Dominicana y Guatemala, Odebrecht ha llegado a acuerdos y el criterio de reparación es el duplo, que es el doble del soborno. En Panamá el soborno fue de 59 millones de dólares y se pactó 120 millones de reparación civil; en República Dominicana la corrupción fue de 92 millones y se acordó el pago de 184 millones. Allí, la única garantía es que se revoca el acuerdo si no pagan. Se ha establecido el pago en varios años: En República Dominicana 8 y Panamá 12. En Brasil, donde el daño es mayor y el soborno aproximadamente fue de 349 millones de dólares, se pagará en 23 años. En Perú, adicionalmente a la revocatoria del acuerdo si no pagan, se ha establecido un fideicomiso de garantía.

Para asegurar el pago…

Odebrecht, bajo su interpretación del reglamento, quería pagar 280 millones de soles, pero nosotros nos opusimos y se quedó en 610 millones. Y a esto se suman los intereses legales, con lo que llega a 760 millones. Les dimos 15 años por la situación económica y financiera que atraviesa la empresa, que tiene un grave déficit. Si quiebra no habría forma de cobrar la reparación civil.

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Se crítica es que se hayan centrado solo en cuatro casos…

El agraviado, que es el Estado, al cual represento, fija la reparación civil sobre los hechos que la Fiscalía le señala que ha cometido el colaborador, que en este caso ha reconocido sobornos en cuatro proyectos: Interoceánica en tramo 2 y 3, el Tren Eléctrico, el evitamiento del Cusco y Costa Verde-Callao.

¿Cree que la interpelación al ministro Zeballos sea por un tema político?

Respeto la decisión del Congreso de ejercer el control político y llamar al ministro de Justicia para que pueda informar, sin embargo, podemos caer en la paradoja, y espero que no se dé el caso, de que se pueda censurar a un ministro por un acuerdo que más adelante va a ser aprobado por el Poder Judicial.

¿Estas tensiones políticas puedan repercutir en futuros colaboradores eficaces? ¿Puede afectar el acuerdo con OAS? 

Acabo de hablar con Bruno Hartkoff, representante en Brasil de OAS, para darle la tranquilidad del caso. Le dije que el acuerdo al que llegue la empresa OAS estará sujeto al control legal de un juez, que no va a pasar por un control político. Lo que posiblemente puede pasar es que las empresas no se verán incentivadas a dar información y las pruebas por temor a ser objeto de algún tipo de persecución.

Se dice que están cuestionando el acuerdo porque los corruptos temen esas pruebas.

No quiero señalar directamente, pero estos son casos de gran corrupción, que son delitos de poder, cometidos por altos funcionarios como exministros y expresidentes, así como empresarios con gran poder económico. Yo confío que la mayoría de congresistas que ha firmado esa interpelación han actuado de buena fe y quieren información, pero me preocupa que la congresista Yeni Vilcatoma está desinformando a la ciudadanía, por ejemplo, ha dicho que el primer acta que firmó Hamilton Castro (convenio preliminar de 2017), Odebrecht reconoció más delitos de los que están en el acuerdo. Esto es falso. Se pretende que no haya acuerdo, que la empresa quiebre y se vaya del país con la información y las pruebas que están aportando, y no haya sanción para los responsables.