El Gobierno tiene la palabra

Editorial
15 Mar 2019 | 0:30 h

El Congreso amenaza nuevamente la lucha contra la corrupción.

Con los votos del fujimorismo, el Apra, Acción Popular, Cambio 21 y un grupo de tránsfugas, el pleno del Congreso aprobó la moción de interpelación contra el titular del Ministerio de Justicia, Vicente Zeballos, para que informe sobre el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.

El ministro deberá responder al pliego de preguntas presentado por la congresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma, sobre el que en un momento guardaron distancia los que hoy votaron por el pedido. El punto de vista que respaldaron quienes votaron a favor de la interpelación es que el procurador Jorge Ramírez, que pertenece al Ministerio de Justicia (Minjus), cometió negligencia y lenidad en la defensa de los intereses del

Estado, permitiendo la impunidad de los exejecutivos de Odebrecht. En esa línea, los críticos del acuerdo insisten en el bajo monto fijado para la reparación civil y el hecho de que la empresa pueda volver a participar en licitaciones.

El respaldo del fujimorismo a la interpelación da por terminado el espíritu de Chincha, es decir, la decisión de Fuerza Popular, adoptada en su reciente cónclave en esa ciudad, en el que, de acuerdo a la versión de su vocero Carlos Tubino, se dieron golpes de pecho por haber preferido la confrontación, decidiendo abocarse a la labor legislativa y a buscar el consenso.

Los argumentos que pretenden legitimar los promotores de la interpelación son jalados de los cabellos y han sido aclarados varias veces. La Fiscalía y los procuradores negociaron el acuerdo con Odebrecht sustentados en la ley aprobada para el caso por el Congreso con mayoría fujimorista, norma que fijaba el procedimiento para determinar el monto que Odebrecht debía pagar.

El absurdo de esta interpelación reside en que el titular de esta negociación no es el ministro de Justicia sino los fiscales y el procurador del caso Lava Jato, funcionarios que gozan de autonomía e independencia.

Una arbitrariedad de esa dimensión tiene varios propósitos, además de torpedear la colaboración eficaz, cuando los interrogatorios a los exdirectivos de la empresa se desarrollan siguiendo una programación. Los inspiradores y ejecutores de la interpelación tienen en la mira la calificación judicial del acuerdo que se realizara en breve y de ese modo paralizar los procesos anticorrupción.

Los objetivos de quienes intentan, una vez más, boicotear la lucha contra la corrupción, están muy claros. El Gobierno, que ha derrotado las maniobras en favor de los imputados e investigados del caso Lava Jato, tiene la palabra.